La decisión de imponer un nuevo confinamiento en el país, así sea parcial durante las noches y los fines de semana, no elimina el impacto económico que experimentarán las empresas, los emprendedores, los pequeños negocios, los locales comerciales y, en última instancia, las familias que dependen de los ingresos de sus trabajos. La expansión de la COVID-19 en un nuevo brote más violento, según las cifras de fallecidos comunicadas por Salud, empujó la resurrección de restricciones en 16 provincias. Pero también a nivel nacional con la imposición del teletrabajo tanto en el sector público como privado.

El clamor, desde que arrancó la pandemia el año pasado, ha exigido al Gobierno ayudas. Para las familias vulnerables, pero también para sostener la economía y no ahondar la brecha de desempleo. Pero no ha habido paliativos para el tejido productivo nacional suficientes para evitar el desgaste. La movilización de recursos presupuestarios es inviable.

En eso coinciden Fausto Ortiz, exministro de Economía, y Joselo Andrade, economista y director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. “En palabras llanas, los ingresos del Estado no alcanzan para cubrir los egresos; por tanto, no hay de dónde mover”, resume Andrade. Es consecuencia, y en esto también coinciden ambos, del déficit público que arrastra Ecuador desde hace años, lo que obliga al país a endeudarse cada año para cerrar la brecha fiscal. “En el presupuesto no hay recursos ahí esperando como para que puedan ser reasignados”, ratifica Ortiz. “Buena parte del presupuesto se va en salarios. ¿A quién hay que quitar?”, lanza como pregunta retórica teniendo en cuenta que el grueso de sueldos públicos está destinado a profesores, médicos, fuerzas de seguridad...

Ese panorama se combina con la falta de financiamiento externo. Este año, Ecuador requiere cerca de $ 10.000 millones y hasta el mes de abril esa cifra está apenas intacta. Con el próximo desembolso del FMI, de confirmarse en las semanas venideras, llegarían unos 450 millones de dólares.

Otra vía de alivio para las empresas y negocios sería la tributaria, tal y como ha sugerido el sector hotelero y de restaurantes en repetidas ocasiones. Para Andrade, el sacrificio fiscal del Estado sería una opción para diferir obligaciones del sector privado para con el Estado. Sin embargo, Ortiz apunta a que esa estrategia no sería una solución para las tiendas de barrio, los pequeños restaurantes y ese tipo de negocios que no pagan impuestos. “No lo van a sentir”.

PROYECTO DE LEY

Propuesta de zonas de alerta sanitaria, a la Asamblea

El Ejecutivo envió ayer al final de la tarde un proyecto de ley a la Asamblea que le habilite a tomar medidas sanitarias en el marco de la pandemia de COVID-19, tal y como le había instado la Corte Constitucional en pronunciamientos previos sobre el excesivo uso del estado de excepción. La propuesta de ley sirve de marco jurídico para establecer restricciones de movilidad y tránsito y dejar definidas las potestades de las autoridades nacionales. 

Incluye definiciones sobre diferentes niveles de alerta sanitaria en zonas geográficas delimitadas, con sustento de datos sobre el nivel de amenaza a la salud.

Una de las disposiciones sobre las decisiones que podrá tomar el COE se refiere a la derivación de pacientes de la red pública de salud a la privada cuando haya saturación hospitalaria, así como para facultar el uso de otro tipo de instalaciones como estadios, centros de convenciones o laboratorios cuando haya necesidad de movilizar pacientes. Asimismo, le habilita a imponer medidas para evitar aglomeraciones y para restringir la movilidad peatonal vehicular en las zonas definidas en alerta sanitaria.