El anuncio del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) de declarar a la minería ilegal como amenaza a la seguridad integral del Estado tiene dos dimensiones.

Una clara estrategia política que busca compensar las ausencias de resultados en el control a la delincuencia y la acertada lectura de sumarse a la preocupación regional (Colombia, Perú) sobre las capacidades de la minería ilegal de viabilizar el lavado de dineros del narcotráfico.

Así interpreta Franklin Soria, un especialista en minería ilegal y miembro del Observatorio Ciudadano de la Política Pública Minera a lo resuelto por el Cosepe que además anunció que para enfrentar la minería ilegal se aprobará una estrategia definida por la Secretaría Nacional de Seguridad Pública.

Soria observa que en lo social en territorio, como es el caso de Buenos Aires, Imbabura, “los mineros ilegales se reciclaron en antimineros, y lograron imponer orden en sus territorios y además acceder a cargos de elección popular”.

La segunda parte de la resolución del Cosepe, según anunció el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, fue respaldar las concesiones mineras legalmente establecidas para el ejercicio de sus actividades en las zonas establecidas en títulos, contratos, permisos o licencias para ejercer esa actividad.

La reacción favorable de la Cámara de Minería del Ecuador, representante del sector minero industrial no tardó en llegar.

María Eulalia Silva, presidenta de ese gremio, apoyó la decisión del Ejecutivo y cuestionó que “el verdadero enemigo de todos los ecuatorianos es la minería ilegal que es también enemiga de la naturaleza”.

Reveló datos del Ministerio de Energía según los cuales el sector habría generado el año pasado más de 185.000 plazas de trabajo, entre directos e indirectos y una recaudación de 643 millones de dólares que incluyen impuestos sectoriales y generales entre enero y octubre de 2022.

Pero Ordóñez fue claro: no hay declaratoria de zonas de seguridad a las mineras. Algo que para Silva es necesario. Ella cree que lo resuelto por el Cosepe seguramente implicará mayor presencia de la fuerza pública en las zonas donde se realiza minería legal que normalmente están ubicadas en sectores muy alejados.

Uno de ellos se encuentra en la parroquia de Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. En las montañas de esa zona en 2019 la Policía y miembros de Fuerzas Armadas desalojaron cerca de 10.000 personas dedicadas a actividades de minería ilegal. Ellos habían permanecido por alrededor de cinco años subsistiendo de esas economías ilegales en las que, según la información policial, había presencia de la delincuencia organizada.

El detalle

Conflicto. El miércoles hubo problemas en Buenos Aires, Imbabura. La Conaie dijo que hubo el desalojo de la minera que pretendía levantar un campamento. 

Elisa Morán Maldonado, directora Área de Minería de Puente & Asociados, considera que es una buena noticia, "porque no se puede permitir que estas actividades ilícitas y delictuales se apoderen de territorios y comunidades donde generan daños ambientales gravísimos, daños sociales y además fomentan otros delitos como el narcotráfico, trata de personas, contrabando de armas y explosivos, corrupción", dijo.

La experta opina que la declaratoria es el inicio de varias acciones que deben efectuarse antes para su efectividad. Eso significa que deben generarse cambios normativos, fortalecimiento institucional para la administración y el control, la esperada declaratoria de zonas reservadas de seguridad. Cree que también podrían involucrarse otros ministerios como el de Ambiente "para que de una vez pueda empezar a entregar licencias ambientales que permitan a las autoridades tener un documento técnico de control y evitar el abuso de la discrecionalidad de los funcionarios de control". 

Puntualizó que el Estado debe empezar a marcar la diferencia entre la minería legal y sus beneficios contra la minería ilegal y sus graves daños.