
El corto trecho para resistir
Rafael Correa aseguró que fue una “novelería” incluir el derecho a la resistencia en la Constitución. A sus ojos, este derecho está siendo mal utilizado. Dijo que fue idea de Alberto Acosta.
El camino es limitado. Las nuevas leyes de Solidaridad y de Ordenamiento Territorial incomodan a varios sectores. Los mecanismos para enfrentarlas, sin embargo, son escasos y poco fructíferos.
El derecho a la resistencia es un ejemplo. Pese a constar en el artículo 98 de la Constitución, su alcance tiene patas cortas. Afectados y exjueces consideran que es una herramienta poco efectiva en las condiciones actuales.
Las bajas expectativas no evitaron que ese derecho se use contra la última reforma tributaria, en vigencia desde ayer. El texto, que generará recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, fue cuestionado incluso por el titular del Consejo de la Judicatura y exsecretario particular del presidente Rafael Correa, Gustavo Jalkh. Para él, la obligación que tienen los abogados de informar sobre la apertura de empresas en el extranjero atenta contra la relación con los clientes. “No estoy de acuerdo con esa norma. Me parece que se puede buscar otra metodología para un mismo fin, la transparencia”, sentenció.
Por esos motivos, el Colegio de Abogados de Pichincha se acogió al derecho a la resistencia. Un ejercicio limitado, según el exvocal de la Corte Constitucional, Antonio Gagliardo. A sus ojos, la Corte deberá interpretar cuáles son “los límites y qué se debe considerar resistencia”.
Sin esa interpretación, advirtió a EXPRESO, se corre el riesgo de abusos. “No puedo decir, como ciudadano, que me acojo a la resistencia y no pagar impuestos. Sería un caos”, señaló.
El Municipio de Quito también usó el principio constitucional esta semana. El Concejo Metropolitano aprobó una resolución de rechazo a la creación de la Superintendencia de Control y Uso de Suelo. La entidad es parte de la ley de Ordenamiento Territorial, aprobada este mes.
La resistencia no es nueva para el alcalde de la capital, Mauricio Rodas. En diciembre de 2014, el regidor se acogió al derecho para no pagar una multa impuesta por la Superintendencia de Comunicación, tras la suspensión de un programa radial en un medio municipal.
El abogado Santiago Guarderas utilizó la resistencia cuando defendió a Diario La Hora. Él cree que el principio es positivo y que debería aplicarse de forma directa e inmediata. Sin embargo, reconoce que las actuales circunstancias judiciales hacen que el derecho no sea respetado. “Tenemos un Gobierno que no acata ni considera los derechos”.
Según Vicente Olmedo, vicepresidente de noticias del canal lojano Ecotel, presentar el derecho a la resistencia es un paso previo para llegar a otras instancias. Cuando se acogió a ese principio, luego de la incautación de los equipos de transmisión del medio, en enero, Olmedo no descartó llevar su caso a cortes internacionales.