La Corte Nacional se abstendrá de conocer el proceso por delincuencia organizada que sigue la Fiscalía en contra de los hermanos Bucaram Pulley, Daniel Salcedo y exdirectivos del Teodoro Maldonado Carbo que fue enviado a esa instancia tras el intento de vinculación del expresidente del Directorio del IESS, Paúl Granda, y devolvió el caso al juez de Guayaquil, Ronald Guerrero.

Según una certificación entregada por Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete de la Presidencia, al juez Guerrero, Granda se encontraba dentro del grado 8 de la escala de nivel jerárquico superior, y por tanto tenía “rango de ministro”, lo que le daba fuero de Corte Nacional. El magistrado se inhibió de seguir con la causa y la envió a la instancia superior.

Sin embargo, el juez nacional Wilman Terán aseguró ayer que “en el estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, no consta que los representantes de la Función Ejecutiva ante el Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ostenten el grado de ministro de Estado y que por ende estén sujetos al fuero de Corte Nacional”.

“En este caso, no existe falta de competencia del juez Dr. Ronald Guerrero, por no existir situación permitida en la ley. En consecuencia, tiene la obligación jurídica de conocer y decidir lo que en derecho corresponda sin inhibirse”, acotó el magistrado nacional.

La audiencia de vinculación de Granda se suspendió el pasado 13 de octubre después de que la defensa del exfuncionario cuestionara la competencia del juez Guerrero dentro de este proceso, pues, según “una comunicación” que le llegó “del secretario general de gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán”, el expresidente del Directorio del IESS gozaba de fuero de corte.

Tras el cuestionamiento, el juez decidió solicitar que se oficie a la Presidencia para que esta entregue una certificación en la cual se indique si Paúl Granda mantuvo fuero de corte nacional en el cargo de presidente del Directorio del Seguro Social. Una semana después, la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, envió un oficio en el que señalaba que Granda sí tenía "rango de ministro".

La ministra María Paula Romo dijo días atrás que el Gobierno no estaba protegiendo a Paúl Granda "ni a nadie" y que la certificación enviada desde la Presidencia se hizo por pedido del interesado.  "Es un documento que Juan Sebastián Roldán como secretario de Gabinete expidió a pedido de los interesados, o del interesado en este caso, y él lo que dijo fue: 'el señor Paúl Granda fue ministro de esto, de esto y de esto y como tal miembro de gabinete', todo se ajusta exactamente a la verdad. ¿Fue ministro? Sí ¿Estuvo en el gabinete? Sí. Aquí está el documento, los jueces tienen que hacer su trabajo", enfatizó Romo.

La Fiscalía tenía previsto vincular a Granda y a la exgerenta del hospital Los Ceibos, Susana Mera, al proceso por delincuencia organizada en el que se investiga la comercialización irregular de insumos médicos a hospitales de Guayaquil.