Circulan por las redes varios videos que contienen ataques y acusaciones contra el titular de la Contraloría General del Estado Pablo Celi. Esto es parte de una campaña con el inocultable objetivo de cuestionar su labor y poner en duda el trabajo que este funcionario ha realizado desde el momento de su posesión. El país ha observado cómo ha sido precisamente esa entidad la que ha impulsado actividades orientadas a descubrir y sancionar los múltiples hechos de corrupción en que incurriera el fenecido régimen de la “revolución ciudadana”.

En el tema de la deuda pública, por ejemplo, se estableció que el correato ocultó el porcentaje al cual ascendía, declarando secretas y reservadas las operaciones de endeudamiento. En lo relacionado con los sectores estratégicos y productivos, efectuó exámenes especiales a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de los contratos de compraventa de petróleo, encontrando ausencia de estudios, no verificación del destino de los embarques, incumplimientos normativos, incremento del grado API sin ningún sustento, etc. En el ámbito de la comunicación y el estado de los bienes incautados, descubrió la entrega de comisiones sin justificación, el monto pendiente de recuperación que sobrepasa los 8 millones de dólares por los “enlaces ciudadanos” y pagos de bonos y beneficios sin ningún soporte legal. En la revisión del desempeño de la Secom encontró entrega de valores a proveedores sin procesos contractuales, y contrataciones sin estudios ni resultados. El funcionamiento de empresas públicas ha sido también investigado por la Contraloría, que además en los temas de seguridad, como es el caso de los grilletes electrónicos, ha establecido irregularidades.

Cabe preguntarse, ¿a quién favorece esta campaña sucia? ¿A quién no le conviene la aprobación del Proyecto para el funcionamiento del Tribunal de Cuentas presentado por la Contraloría? ¿Quiénes se benefician no siendo investigados?

La lucha contra la corrupción no debe ser afectada por oscuros intereses.