Desde un análisis ambiental por $ 6.500, hasta el estudio de ingeniería básica para la construcción de la infraestructura, por 259,1 millones de dólares. Los contratos de consultoría para el proyecto de la Refinería del Pacífico (RDP) fueron asignados discrecionalmente y su información blindada bajo el amparo de figuras legales.

Es el rubro de las contrataciones que concentra alrededor del 50 % de los $ 1.500 millones que el Estado ha invertido en el proyecto de El Aromo desde 2008.

Más de una veintena de compañías e instituciones nacionales y extranjeras figuran como proveedores de esos servicios de asesoría profesional, cuyos procesos contractuales se manejaron con reserva y de los que poco se conoce sobre sus detalles.

Entre esos contratistas aparece Pdvsa Ecuador, subsidiaria de la estatal petrolera de Venezuela, que participa como accionista en RDP, junto a Petroecuador.

Es una de las razones por las que el pasado 19 de octubre la Junta Universal de Accionistas de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro RDP Compañía de Economía Mixta pidió al gerente general, Bismarck Andrade (quien fue removido de su cargo), un detalle de todos los contratos suscritos para el proyecto hidrocarburífero.

Hasta diciembre de 2015, RDP pagó un total de 507’799.536 dólares por asesorías contratadas a 24 proveedores, de acuerdo con una auditoría financiera que efectuó la Contraloría General del Estado en esa entidad (ver infografía).

La hoy empresa pública decidió contratar directamente y estableció sus procedimientos propios para el efecto. Para ello, recurrió a declaratorias de emergencia y a su condición jurídica de compañía de economía mixta.

Sus administradores se ampararon, por ejemplo, en las reformas al reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (expedidas el 30 de diciembre de 2008 mediante un decreto ejecutivo del expresidente Rafael Correa) para contratar con normativas particulares.

La entidad también resolvió declarar “confidencial y reservada” la información contenida en los contratos para el servicio de licencias suscritos con varias compañías extranjeras.

El 11 de agosto de 2014, el entonces gerente general, Bismarck Andrade, firmó el documento que restringía el acceso a la información acerca del derecho de uso de licencias para la operación de las unidades de la refinería, adquiridas a las empresas Axens (Francia), Foster Wheeler (EE. UU.), UOP (EE. UU.) y Linde (Alemania).

Hasta 2015, Refinería del Pacífico había pagado 43’978.132 dólares por la adquisición de ese servicio, según lo reportado en la última auditoría a sus estados financieros.

Expertos en materia petrolera consultados por EXPRESO recomiendan que la inversión hecha en consultorías tiene que ser fiscalizada.

“Esos montos que se destinaron a asesorías no se justifican. Lo invertido en ese proyecto debe ser puesto a órdenes del nuevo inversionista”, opina René Ortiz, ex secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Augusto Tandazo destaca que la condición de empresa mixta le permitió a RDP someter las contrataciones al régimen legal aplicable a las personas jurídicas de derecho privado. “Las consultorías constituyen un rubro muy permeable y allí se pudo meter gato por liebre”, alerta.

Luis Calero ilustra que a la Contraloría le corresponde determinar la legalidad y pertinencia de esos contratos.

“No cuestiono las consultorías por sí mismas, pero saber en qué términos se las contrató, a quién se seleccionó y cómo se escogió, es otro cantar”, observa él.

Los expertos entrevistados por este Diario coinciden en que la empresa pública debe ser liquidada y disuelta, porque, según sostienen, no ha cumplido el objetivo para el cual fue creada hace nueve años: la construcción del complejo hidrocarburífero en Manabí.

Los tres recomiendan, asimismo, que el Estado ecuatoriano debe deshacer su sociedad con Pdvsa en el proyecto. Afirman que, desde los inicios, la petrolera venezolana no ha cumplido sus obligaciones como copartícipe accionaria de la empresa RDP.

Las más costosas

Ingeniería

La empresa coreana SK E&C fue contratada el 5 de marzo de 2010 para los estudios de ingeniería básica, por $ 259’970.000. Una glosa de 29,3 millones establecida por la Contraloría obligó a RDP a descontar $ 28’856.670 a la contratista. La compañía asiática entabló una demanda en lo Contencioso Administrativo.

Gerencia

El contrato para la gerencia del proyecto, por $ 205’747.722, fue suscrito el 22 de noviembre de 2011 con la australiana Worleyparsons. Esta empresa también estuvo a cargo de la fiscalización y gerencia del proyecto de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, en donde operó una presunta red de corrupción.