
Concurso Fiscal General Ecuador: denuncian exclusiones y posibles irregularidades
Postulantes inadmitidos cuestionan su exclusión del proceso; causales serían subsanables. Advierten posible direccionamiento
A varios abogados, postulantes a Fiscal General del Estado, les parecen desatinados los motivos que la Comisión Ciudadana de Selección expuso para inadmitirlos en el concurso. La notificación les llegó durante el fin de semana.
EXPRESO conversó con cuatro postulantes inadmitidos, quienes sostienen que las causales señaladas son subsanables y, por tanto, no justifican su exclusión del concurso según la normativa vigente. Entre los argumentos constan la falta de firmas en formularios, presuntas inconsistencias en certificados emitidos por otras instituciones y observaciones al formato de documentos como la declaración juramentada, pese a que -afirman- cumplieron con los requisitos de fondo.
Cuestionamientos por exclusiones formales
Washington Andrade afirma que el proceso tiene “aristas que terminan siendo una trampa” y acusa a la Comisión de interpretar las normas de forma restrictiva. Asegura que su inadmisión se sustentó en no firmar electrónicamente un formulario -aunque lo hizo de forma física- y en un problema de validación de la firma de un funcionario en un certificado del Consejo Nacional Electoral (CNE), situación que considera ajena a su responsabilidad.
LE INVITAMOS A LEER: Juan Fernando Flores: “Debemos dejar de meter a todos en un solo saco”
Otros postulantes coinciden en que la comisión omitió verificar el contenido de los documentos y centró su análisis en aspectos secundarios. El jurista Joselito Argüello sostiene que su exclusión responde a una inconsistencia en la fecha de un certificado emitido por el CNE, un dato que, en su opinión, la comisión debía contrastar directamente con la entidad emisora, en lugar de usarlo como causal de descalificación.
Errores subsanables y derecho a participación
Desde otra perspectiva, el abogado Lenin Vernaza sostiene que su caso se reduce a un “lapsus visual” al no firmar un apartado relacionado con la autorización para publicar sus datos, lo que considera una formalidad que no puede interpretarse como negativa, más aún cuando, según afirma, ese consentimiento consta en la declaración juramentada. Advierte que una decisión adversa tras la reconsideración podría evidenciar una vulneración a su derecho de participación.
En el caso de Karol Zambrano, la comisión la inadmitió por el formato de la declaración juramentada, pese a que, según sostiene, se validó el contenido del documento. La jueza especializada en Anticorrupción y Crimen Organizado cuestiona la decisión y advierte que, por la naturaleza de su cargo, cumple estándares formales y sustanciales en su ejercicio profesional, por lo que no encuentra una explicación clara a su exclusión y prefiere mantener cautela sobre el proceso.
Sospechas de direccionamiento
Argüello dice que ya intentó integrar la Comisión Ciudadana sin éxito y, con base en esa experiencia, atribuye su inadmisión -y la de otros colegas- a intereses políticos. “Nuestros perfiles resultan incómodos para el régimen”, afirma.
LE INVITAMOS A LEER: Fiscalía de Ecuador: polémica por uso selectivo de testimonios
Con él concuerda Andrade, quien sostiene que resulta “curioso y altamente sospechoso” que la comisión conduzca el concurso de esa manera, al dejar habilitado apenas un poco más del 30 % de los candidatos. A su juicio, esta reducción limita el abanico de opciones a perfiles alineados con la posición del Gobierno, lo que, advierte, configura una manipulación y direccionamiento del proceso que termina por viciarlo.
Zambrano, en cambio, asegura que no entiende por qué su perfil podría resultar incómodo dentro del proceso. La jueza espera que la comisión corrija lo actuado conforme establece la norma y garantice la transparencia del concurso.
Anuncian acciones legales
Frente a su exclusión, los juristas anunciaron que alistan recursos de reconsideración dentro del término establecido, según el reglamento.
Si la respuesta es negativa, advierten que acudirán a acciones constitucionales, incluso con medidas cautelares, lo que afectaría la continuidad del concurso, indica Vernaza. Sostiene que la exclusión por aspectos formales vulnera el debido proceso.
Andrade anunció que pedirá a la Comisión información sobre cómo el fiscal Leonardo Alarcón presentó su postulación. Señala que, pese a haber informado a la Corte Nacional que estaría fuera del país -lo que derivó en el diferimiento de una audiencia del caso Metástasis-, figura inscrito en el concurso, por lo que pide verificar si entregó su carpeta de forma personal, como dicta la norma.
La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.