Comision civica anticorrupcion

Socialmente, nada indigna más que la corrupción. El Ecuador ha intentado históricamente combatir tan endémico mal. Resulta despreciable que unos cuantos pícaros se aprovechen de un cargo o influencias para perjudicar a los demás. No se trata de que alguien obtenga ganancias indebidas e ilícitas, lo que existe es apropiación de dinero que pertenece a todos. Eso debe sancionarse, no hacerlo es una gran injusticia social.

Con buen criterio se creó en 1997 la Primera Comisión de Control Cívico de la Corrupción, integrada con representantes de la sociedad civil organizada, designados por las respectivas entidades. La Comisión identificó a quienes fueron encontrados con evidencias de corruptelas. No invadió ámbitos de la Función Judicial, ni de organismos de control, pero contribuyó a evitar la impunidad, principal aliada de los corruptos.

La Constitución de 1998 acertadamente institucionalizó este ente ciudadano, la del 2008 lo eliminó. Aplicando el artículo 232 de la Constitución, pretextando que existen intereses corporativos en organizaciones de la sociedad civil e instituciones autónomas por naturaleza, se las excluyó de actividades relacionadas con objetivos estatales, viabilizando un manejo absolutista del poder, bloqueando acciones que pudieran afectar a miembros del Gobierno. El actual presidente conformó una comisión para buscar frenar una galopante deshonestidad; cualquier esfuerzo en esa dirección es beneficioso para la moral pública. Lo pertinente para el momento que vive el país, sería restituir el espacio independiente que tenía la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que podría contar con apoyo de la ONU, como plantea el presidente. Si a esto se agrega convocar una consulta popular, como lo solicitan respetables personalidades y sectores ciudadanos, para reorganizar o eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no ha sido eficaz en combatir incorrecciones, demostraría que efectivamente se desea impedir tan dañino flagelo social. No se puede olvidar que más de la mitad del país desea un cambio, para vivir una auténtica democracia.