Solo son tres: Libertadores, Juan Elías y Guayaquil. Son las únicas clínicas de rehabilitación de drogas públicas que hay en Guayaquil. Sin embargo, ninguna tiene el licenciamiento que les faculta a trabajar legalmente, emitido por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess).

Pero están en funcionamiento, con 91 cupos entre las tres, para una rehabilitación gratuita a través del sistema de Salud Pública. La Libertadores, que está ubicada en el norte de Guayaquil y es exclusiva para adolescentes adictos, tiene plaza para 31. Actualmente tiene 19 internos de entre 12 y 17 años.

La mañana de ayer, tres labraban la tierra en el huerto. Seis más, hacían figuras de origami en el área ocupacional. Siete atendían a un profesor que les daba clases de matemáticas en la sala de usos múltiples. Los restantes tres se paseaban por las extensas y diáfanas áreas de la clínica, que tiene hasta un gimnasio.

Ese centro se fundó en 2017. “Estamos en proceso de licenciamiento”, dice José Rivadeneira, analista zonal 8 de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública (MSP), sin precisar cuándo se les venció la licencia y por qué no han logrado renovarla aún.

Como ha publicado EXPRESO, y según los dueños de clínicas de rehabilitación privadas que también llevan más de 10 meses tratando de obtener la legalidad, el proceso ha sido interrumpido por diversas trabas. Una de ellas, que los permisos de uso de suelo para Cetads que emite el Municipio de Guayaquil “están bloqueados”.

Igual, aunque sin licencias, centros públicos y privados funcionan en Guayaquil, donde, a criterio de Cinthia Intriago, “cada día la situación de las adicciones de droga se vuelve más crítica”.

Ella es la presidenta de la Asociación de Centros Especializados en el Tratamiento de Alcohol y Drogas (Acetade). Son 35 establecimientos que se agruparon desde enero pasado para apoyarse en el camino hacia la legalidad, un tramo “difícil porque nos obliga a cumplir lo incumplible”. Sentencia que, al parecer, también toca a los centros públicos.

Ellos tenían, a partir desde enero pasado, un plazo de 90 días para cumplir con una matriz de requisitos que involucraban, entre otros aspectos, inversiones económicas de más de 50 mil dólares, calcula Mariano Ávila, otro director de una clínica privada. “Eso hace encarecer el tratamiento. Ahí es donde se buscan centros con falencias que cobran 150 dólares al mes”, deduce.

El ultimátum lo puso el en ese entonces gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, luego de que un incendio acabara con la vida de 18 internos de una clínica de rehabilitación clandestina ubicada en el suburbio.

“Cada que hay un incendio o algún muerto es que se intensifican los operativos o la atención recae sobre nosotros”, lamenta Luis Novillo, también director de estos centros.

El pasado sábado, una tragedia similar en el Guasmo Sur acabó con la vida de 10 adictos en recuperación. Esto avivó la preocupación de los propietarios que piden a las autoridades que haya un acercamiento para solucionar el problema de la clandestinidad en la rehabilitación, sugiere Intriago.

EXPRESO consultó al Acess los motivos por los cuales los Cetads del Estado no habrían alcanzado la licencia, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En el último listado que esa institución emitió a este Diario, a inicios de año, ninguno de los Cetads públicos aparecía en los establecimientos regulados. En ese entonces había en la ciudad solo 5 clínicas licenciadas, pero eran privadas. Hoy, hay tres con permisos y dos en proceso de renovación.

“El problema es que, con los estándares que nos piden cumplir para obtener la licencia, nosotros no podemos cobrar una mensualidad de menos de 800 dólares y la realidad es que no todos tienen para pagar ese valor”, revela Intriago. Una mensualidad en una clínica privada está entre los 800 y 1.500 dólares.

En los tres centros públicos de Guayaquil, el tratamiento es gratuito, pero a pesar de la demanda que han denunciado decenas de familiares de adictos, rara vez se llenan todos los cupos.

De cinco a ocho cupos están disponibles actualmente en cada centro estatal. Según Rivadeneira, el analista de Salud Mental del MSP, eso se debe a diferentes factores, entre los que destacan que el internamiento es voluntario y que no todos están dispuestos a recorrer el largo trayecto de la rehabilitación.

En lo que va del año, el sistema de Salud Pública ha atendido a 1.880 personas con consumo problemático de drogas. En 2018 fueron 3.075.

Hay tres niveles de tratamiento: ambulatorio básico, intensivo y el residencial. “Del 100 %, el 80 sale adelante en los ambulatorios básicos, un 15 en intensivo y solo un 5 necesita del tratamiento residencial”, detalla.

El problema, insiste, es que se piensa en que el adicto es el único que debe involucrarse en el tratamiento, cuando la atención la debe recibir también su entorno.

En la Zona 8 hay 116 unidades (centros de salud) donde se brinda el tratamiento ambulatorio básico, 4 para el intensivo, 4 casas de salud para hospitalización (Mariana de Jesús, Guayaquil, Guasmo Sur y Monte Sinaí) y los tres Cetads para la residencia, que son los que están en proceso de licenciamiento.