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Clever Jimenez acepto la colocacion de un dispositivo electronico

El exasambleísta Clever Jiménez, acusado de divulgar presuntamente mensajes enviados al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, usa desde hoy un dispositivo electrónico en el pie, luego de que la semana pasada una jueza ordenara esa medida en sustituci

Clever Jimenez acudió a la Fiscalía de Flagrancias para que le coloquen un brazalete electrónico como medida sustitutiva.

El exasambleísta Clever Jiménez, acusado de divulgar presuntamente mensajes enviados al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, usa desde hoy un dispositivo electrónico en el pie, luego de que la semana pasada una jueza ordenara esa medida en sustitución de la prisión preventiva.

El pasado miércoles, una jueza ordenó la sustitución de la prisión preventiva dictada en 2016 por la libertad con brazalete electrónico para Jiménez y su asesor, Fernando Villavicencio, acusados ambos de difundir información protegida por el derecho a la inviolabilidad y al secreto.

La medida se adoptó en ausencia de los acusados la semana pasada, entonces ambos prófugos de la justicia.

Este miércoles 19 de julio, el exasambleísta calificó la medida como denigrante y se refirió al dispositivo como un “grillete”. Jiménez aceptó su colocación para dejar la clandestinidad y poder ver a su familia.

Villavicencio —quien según su defensa está en Perú—, y Jiménez enfrentan un proceso legal por supuestamente haber accedido y difundido información reservada del exgobernante Rafael Correa.

Según la acusación, entre octubre y noviembre de 2013 los dos procesados difundieron información confidencial que “habían extraído de forma irregular desde correos enviados por el procurador general del Estado, Diego García, al presidente Rafael Correa, y al asesor de la Presidencia de la República, Alexis Mera”.

Esta información fue divulgada a través de un boletín de prensa enviado desde el correo de Jiménez y mediante un reportaje elaborado por Villavicencio y difundido por un blog, argumentó la Fiscalía el año pasado.

Se trataba supuestamente de información que el procurador envió sobre la trasnacional Chevron, y que contenía la estrategia jurídica del Estado ecuatoriano sobre un proceso contra la empresa estadounidense.