La independencia y la honestidad en la justicia son indispensables para que exista seguridad jurídica. Durante el mandato de Correa desapareció esa independencia en la administración de justicia debido a que, sin recato alguno, dijo que metería las manos en ella. Y, efectivamente, las metió.

Si no hay justicia independiente, no hay paz. Si no hay justicia independiente, los jueces y fiscales pasan a ser sumisos u obedientes del poder político, y la ciudadanía es la que pierde momentáneamente la fe en la vigencia del derecho.

El 4 de febrero del 2018 el pueblo en consulta popular le otorgó al Cpccs la facultad para que evalúe de acuerdo con el debido proceso a todos los organismos de control existentes en este país. Con sujeción a este mandato popular, ese Cpccs acaba de descabezar al Consejo de la Judicatura (CJ), luego de haber exhaustivamente determinado que actuó al servicio del gobierno de Correa, razón por la cual no pudo frenar debidamente la corrupción imperante, corrupción que ha sido reconocida por el exasesor jurídico del presidente Correa.

Producido el descabezamiento del CJ, el pueblo está convencido de que el Cpccs designará, conforme a disposiciones vigentes, a los nuevos integrantes de este organismo, de entre los ecuatorianos más honestos, más probos, más capaces, más idóneos, que por ventura sí existen en este maravilloso país, para el desempeño de esas funciones.

Pero como no solamente se trata de cambios de hombres por hombres, es necesario que se proceda de inmediato a reformar, entre otros cuerpos legales, el Código Orgánico de la Función Judicial, que le concede al CJ calidad de juez, cuando no la tiene, para que juzgue a jueces y fiscales por el llamado error inexcusable, que solamente debe ser juzgado por el juez de alzada de aquel que hubiere cometido dicho error.

La legislación ecuatoriana necesita reformas profundas si en verdad se anhela que haya una justicia independiente. Y esa es una tarea que por igual le corresponde a la Asamblea Nacional.