El parque de Samanes es una obra emblemática de la Revolución Ciudadana. Se sembraron 250.000 nuevos árboles, se dio cabida a más de 50 canchas para diversos deportes y también, según la Contraloría, se pagó 41 millones de dólares en exceso en la compra de terrenos.

Los argumentos que expone la entidad pública involucra a 7 funcionarios de ese entonces del Ministerio de Ambiente (MAE), pero en el documento solo se da a conocer el nombre de cinco de ellos. A todos se los acusa de responsabilidad civil culposa:

- Marcela Aguiñaga, exministra del Ambiente.

- Mercy Julio Borbor, exministra del Ambiente delegada.

- Manfred Homero Altamirano, exsubsecretario de Gestión Marina y Costera.

- Patricia Serrano, exdirectora Nacional de asesoría jurídica del MAE.

- José Noritz, exdirector General y representante legal del ISSFA.

La forma en que se dio esta compra sobrevalorada siguió estos 5 pasos:

1. El MAE compró 66 lotes de terreno ubicados en Samanes, que eran propiedad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).

2. El 22 de noviembre del 2010 se firmó la promesa de compra venta entre ambas partes.

3. El avalúo que se tomó en cuenta fue solicitado por la entonces Ministra del MAE y lo realizó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). Allí se calculó que el valor de los terrenos llegaba casi a los 44 millones (43’836.719,82).

4. A ese precio antes pactado se le incrementó un 10% —que de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Contratación Pública es el máximo en que se puede subir un avalúo— y eso permitió que el costo a pagar sea de más de 48 millones de dólares.

5. Para cumplir con este pago, se desestimó el avalúo de la Municipalidad e Guayaquil hecho por $7’ 129.700,99.

Justamente es en este salto de valores que se basa la Contraloría para confirmar la glosa por 41 millones contra los exservidores del MAE.