Se conoce que habrían más de cien centros ilegales, que cobran de 100 a 150 dólares por atender a cada adicto. Con la clausura de los centros de rehabilitación no se va a solucionar el problema de la adicción. Mientras no se suspenda la tabla de consumo, seguiremos afectando a niños, jóvenes y adultos, así como a sus familias que buscan soluciones y sin mencionar la mala calidad de vida, como el que viven en las calles, dando un espectáculo desagradable y penoso.
El Estado tiene la responsabilidad de tener un plan efectivo para combatir el tráfico de drogas y de crear más centros especializados en el tratamiento de adicción.
Robespierre Rivas R.
