Un juicio que se anuncia largo y complejo. Hasta el momento, solo por pedido de la Fiscalía y la acusación particular de la Procuraduría y de César Montúfar (exasambleísta de Concertación), se anunció el llamado a 191 testigos. Algunos se repiten.

Son funcionarios y exfuncionarios del Gobierno del expresidente Rafael Correa y del actual régimen, peritos, expertos y policías. Ellos tendrán que declarar en el juicio por presunta asociación ilícita derivada de la trama de corrupción de la firma Odebrecht.

El vicepresidente sin funciones y detenido en la cárcel No. 4 de Quito, Jorge Glas, es el investigado de ‘perfil más alto’. Con él sería procesado su tío Ricardo Rivera, el excontralor Carlos Pólit y 10 personas más.

Ayer, el fiscal Carlos Baca Mancheno oficializó su pedido para que se dicte el auto de llamamiento a juicio contra los procesados. En el juicio, explicó el fiscal, se escucharán las declaraciones de 43 peritos y 79 testigos. Entre ellos el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; el empresario Tomislav Topic y su hijo (Telconet); el contralor Pablo Celi; los exministros Rafael Poveda y Augusto Espín; el actual secretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal; y el representante de Odebrecht, Mauro Hueb.

Con ellos, el fiscal quiere demostrar que los sospechosos del delito incurrieron “en un acto por el cual una verdadera organización delictiva ejerció, de manera permanente, actos ilícitos”, indicó Baca.

Para él, hay elementos que configuran el delito: la acción de formar parte, el número de autores para que se constituya la red y la finalidad delictiva.

Aclaró que, por tratarse de una actividad ilícita, no requiere de un sitio de reunión o que se conozcan los partícipes. Cuestionó que si las ofertas de Odebrecht para obtener contratos eran las más convenientes, ¿por qué José Santos debía buscar intermediarios para pactar coimas?

Baca añadió que el solo hecho de la asociación (que un grupo de personas en reserva, en silencio, pacten peajes, coimas, montos, entrega de empresas, falsos contratos de servicios profesionales, falsas inversiones chinas) lesiona el bien jurídico.

Baca manifestó que “todos los acusados tenían un rol decisivo en el acto y en su implementación”. El que entrega las bases para alterar, el que adjudica, el que tapa los actos al ejercer el control, el que decide y el que da la posibilidad para que ocurra, tienen el rol decisivo, añadió.

Por eso, pidió que se ratifiquen las medidas cautelares dictadas para los procesados. En el caso de Édgar Arias, Ramiro Carrillo, Képler Verduga, Ricky Dávalos, Gustavo Massuh, José Terán, Ricardo Rivera, Diego Cabrera, Fredy Salas, Alexis Arellano, se pedirá el decomiso e incautación de fondos en Venezuela, Panamá, Curazao o Hong Kong.

Para Pólit pidió que la Corte inicie el trámite de extradición con EE. UU. El exfuncionario reside allí desde mayo pasado.

La Procuraduría, que el 28 de septiembre presentó acusación particular, se sumó a la tesis de la Fiscalía y añadió un elemento.

Magaly Ruiz, delegado de la entidad, reveló que el vicepresidente también “formó parte de un acuerdo con Santos” del que se habría beneficiado con dos millones de dólares que su tío, Ricardo Rivera, habría solicitado al delator de Odebrecht en 2009. Ese dinero se sumaría al monto pedido, en 2011, correspondiente al porcentaje de los contratos (1 y 1,3 %) que Odebrecht recibiese del Estado.

Citó otro hecho: la mención que Glas habría pedido a Santos un millón de dólares en 2014 en nombre del expresidente, Rafael Correa, y del Gobierno para la campaña electoral.

De Pólit recordó que habría recibido 10 millones de dólares por emitir informes limpios para la constructora brasileña en los cinco proyectos emblemáticos que recibió.

Montúfar solo acusó a Glas. Julio Sarango, su abogado, mencionó a Rafael Correa, el procurador Diego García, el contralor Pablo Celi y el exconsultor Diego Vallejo.

Por la tarde el turno de intervenir en la audiencia preparatoria y anunciar sus pruebas y testigos fue de Eduardo Franco, defensor de Glas. Él señaló que todos los elementos que presentó el fiscal son no constitutivos de asociación ilícita. “Voy a demostrar que no están presentes los elementos objetivos ni subjetivos de asociación ilícita y que el vicepresidente no ha cometido ningún delito”, dijo el abogado.

La caducidad de la prisión

El próximo 2 de diciembre se cumplirán seis meses de las primeras detenciones en el caso Odebrecht, por presunta asociación ilícita.

El delito se sanciona con hasta cinco años de cárcel.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en esa clase de delitos la prisión caducará en seis meses si es que los detenidos no han recibido una sentencia.

Al momento, el proceso no ha superado la audiencia preparatoria de juicio, por lo que ese plazo parecería ser fatal.

Sin embargo, el exfiscal y abogado en libre ejercicio Pablo Encalada dice que en este caso la presentación de la recusación contra el juez Miguel Jurado y su posterior trámite interrumpió esos plazos.

Con él coincidió el abogado y catedrático Cristóbal Buendía.

Según Encalada, para el vicepresidente el plazo para que caduque su prisión es más amplio porque él está detenido desde el 2 de octubre. Su prisión caducaría recién el próximo mes de abril.