El caso Turi cambia de ‘tortura’ a ‘extralimitacion’
La presunta agresión policial contra 13 privados de la libertad del pabellón de mediana seguridad del centro de rehabilitación social de Cuenca cambió de figura, de “tortura” por “extralimitación en la ejecución de un acto de servicio”.
El caso de la presunta agresión policial contra 13 privados de la libertad del pabellón de mediana seguridad del centro de rehabilitación social de Cuenca cambió de figura, de “tortura” por “extralimitación en la ejecución de un acto de servicio”.
El hecho se registró la mañana del 31 de mayo del 2016. Y a un año 8 días, tras la audiencia de formulación de cargos el pasado jueves, el juez de la Unidad Judicial del Azuay aceptó el pedido de la Fiscalía de cambiar la figura de acusación contra 46 policías del grupo UMO y 3 miembros del personal de guías del centro de rehabilitación de Turi.
Los acusados fueron inicialmente procesados con el delito de “tortura”, luego de la denuncia presentada por los reclusos y los ministerios de Justicia y del Interior, junto a la Defensoría del Pueblo.
Los privados de la libertad expresaron en sus declaraciones “haber sido vejados, insultados, amenazados y golpeados con toletes gruesos en sus nalgas y espaldas”, sin que haya existido razón alguna. Los denunciantes presentaron vídeos y fotografías captadas por las cámaras internas del pabellón.
La reformulación de cargos sobreviene tras varias diligencias procesales, entre ellas la reconstrucción de los hechos que, tras cuatro suspensiones, recién se pudo cumplir el pasado 28 de mayo.
En la audiencia de reformulación de cargos estuvo el fiscal Adrián Arpi, quien, en sus alegatos, sostuvo que la Policía actuó bajo la orden de decomisar “objetos prohibidos”.
Citó, además, parte del informe del perito Wilson Campoverde, quien señalaba que “el tiempo de incapacidad de las personas privadas de la libertad (los denunciantes) no supera los cinco días”, por lo cual no consideraba que se trate de un caso de tortura.
Fue así como solicitó la reformulación de cargos, de tipo penal de tortura a extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.
Con ello, la instrucción fiscal para investigaciones se extendió por treinta días más a partir de ahora, a pesar de haberse cumplido el plazo previsto para dicha instancia.
JMJ
Denunciantes
Rechazan la justificación de la Fiscalía
“Hoy es un día nefasto para la justicia. Seguiré luchando por este caso y si es necesario llegar a instancias internacionales, así lo haré”, dijo el defensor público David Ayala.
Nathaly Yépez, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), se opuso firmemente a la reformulación de cargos.
“La justificación del fiscal es infundada”, dijo, porque sostiene que el nivel de lesiones “supuestamente no justifica el grave dolor que habla el tipo penal de tortura”, tras invocar varios artículos contemplados en la convención para prevenir la tortura. JMJ
