La convocatoria de cinco de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para que comparezcan ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional por la remoción del exvocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo Fierro, terminó con el apoyo unánime a una moción para llamar a otras autoridades y a un exfuncionario del anterior Gobierno.

La iniciativa surgió del asambleísta Fausto Jarrín tras escuchar los argumentos que expusieron algunos de los consejeros convocados y el director jurídico del CPCCS, con respecto a la decisión que tomaron el pasado 25 de abril, en sesión extraordinaria que dejó fuera de la Judicatura a Murillo, tras un informe remitido por el Ministerio de Trabajo por un impedimento legal para ejercer el cargo que ostentaba desde enero de 2019.

Jarrín mocionó que se llame al pleno de la Comisión al exministro de Trabajo, Andrés Isch; así como a su sucesor Patricio Donoso, del actual Gobierno, además del procurador del Estado, Íñigo Salvador. Otros asambleísta solicitaron que se convoque también a la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, lo que fue aprobado por todos los integrantes de la Comisión.

“Esto va a dar para mucho (... ) lo que me llama la atención es que hay una orden, una disposición, un documento oficial de un ministro que cambia un gobierno; cambia el ministro y cambia el documento; y que ahora nosotros tengamos que, sin la sentencia de la Corte o del juzgado actuemos en calidad de juez constitucional...”, manifestó Jarrín, al resaltar además de “los candados constitucionales” que blindaron las decisiones del CPCCS Transitorio, al que calificó de “vergüenza” y “una Corte Constitucional puesta por ellos, para que les ponga el candado y ahora resulta que nuestros funcionarios no pueden hacer lo que les manda la ley, que les manda la Constitución (...) me gusta mucho además que empecemos a hablar de estas cosas, porque creo que ya es hora de darle la cara a lo que sucedió en el país en estos últimos años (...)”.

Durante la comparecencia, la que fue solicitada por el asambleísta Segundo Chimbo, fue el director jurídico del CPCCS quien expuso los argumentos legales y documentos que llevaron al organismo a la remoción de Murillo, quien también sería convocado por la Comisión.

El asambleísta Ricardo Vanegas se centró en saber si previo a la remoción del exvocal, el CPCCS había armado o no un expediente para que él se defienda. Sofía Almeida, presidenta del organismo, respondió que el expediente llegó con el pedido del exministro Isch, además que durante la sesión de la remoción Murillo “dijo que sí sabía que había el impedimento”.

El consejero Jhon Dávalos manifestó que atendieron el pedido del exministro, so pena de ser destituidos por el contralor del Estado. “El ministro nos dispuso remover a Fausto Murillo (...) no decidimos su reemplazo, subió el suplente (...) fue la Asamblea que envió el reemplazo”, indicó al exponer su asombro del “poder que este funcionario ejercía dentro y fuera del poder judicial (...) ¿qué se está jugando atrás para que se reponga al señor Murillo?”, se preguntó.

Almeida se unió a las palabras de su compañero, al señalar que “nunca pensamos de la repercusión que esto iba a tener (...) nosotros no queremos desestabilizar al país, no queremos hacer acciones que vayan en contra del marco jurídico, queremos actuar con base a la legalidad, oportunidad, tener un país transparente con autoridades .. transparentes”.

Finalmente, el asambleísta José Chimbo recordó que es el pueblo ecuatoriano quien ha pedido que fiscalice a las instituciones del Estado y “por eso estamos llamado a que comparezcan y aclaren la información que he solicitado”. Sostuvo que el Consejo de Participación Ciudadana “de fondo no tiene la facultad parea remover a las autoridades que designa (...) siguiendo el paso correspondiente es la Asamblea Nacional capaz de hacerlo con un juicio político”.