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El caso de Fausto Murillo sube a Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional

Consejeros de Participación Ciudadana fueron convocados por la remoción del exvocal de la Judicatura. Sala Civil de Pichincha analizará apelación de acción de protección

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Murillo presentó una acción de protección que, actualmente está en apelación; además de una denuncia que investiga a consejeros del CPCCS.KARINA DEFAS

A casi dos meses de la remoción de Fausto Murillo Fierro, como vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), su caso sube a otra instancia política, en medio de investigaciones fiscales y otras acciones judiciales.

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En oficio dirigido al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional convocó, para este miércoles 16 de junio de 2021, a cinco de los consejeros del organismo para que respondan sobre la decisión que tomó la mayoría del pleno, en sesión extraordinaria del pasado 25 de abril.

Entre los convocados está el consejero Hernán Ulloa, quien votó en contra de esa decisión y considera que “la mayoría del CPCCS cometió un grave error al remover a un vocal de la Judicatura, porque no tenemos esa facultad”; sin embargo, examinó que con la resolución del actual Ministerio de Trabajo existe la oportunidad de reinvindicarse. El pasado 11 de junio, el ministro Patricio Donoso remitió un oficio al CPCCS mediante el cual señala que el exvocal Murillo no tiene impedimento para ejercer el cargo.

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Ulloa recordó que la remoción del exfuncionario se sustentó en una resolución del exministro de esa cartera de Estado, Andrés Isch, donde indicaba que el exvocal tenía un impedimento para ejercer el cargo, en el que fue designado desde enero de 2019. Esto, por compensación por renuncia voluntaria.

Durante su intervención ante el CPCCS, Murillo expuso que fue servidor judicial de carrera por 25 años, pero se acogió al plan de desenrolamiento en septiembre de 2012, por lo que recibió 30.600 dólares de indemnización económica por los años de trabajo, lo que ocasiona el impedimento en la carrera judicial. Pero, explicó antes de su remoción, que las reglas de impedimento que establece el Código de la Función Judicial (COFJ) se refiere a las carreras judiciales, “los vocales estamos fuera de eso”.

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Cinco de los siete consejeros de Participación Ciudadana fueron convocados por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.Archivo
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Ulloa manifestó que actualmente, con el oficio del ministro Donoso, “lo lógico y pertinente es que se reúna el CPCCS para que haga una revisión de la resolución que dejó fuera al vocal y se la deje sin ningún efecto jurídico, para que el exvocal pueda incorporarse a la Judicatura”.

EXPRESO solicitó la postura de Fausto Murillo respecto de su situación, pero respondió que “por sugerencia de su abogado no puede atender entrevistas”.

Tras su remoción, el exvocal abrió varios frentes para recuperar el cargo. Uno de ellos, la acción de protección que planteó en contra de los consejeros del CPCCS que lo removieron.

La demanda fue negada y subió por recurso de apelación a un tribunal de la Sala Especializada Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrado por los jueces: Oswaldo Almeida Bermeo (ponente), Vladimir Jhayya Flor y Raúl Mariño Hernández, quienes ya avocaron conocimiento de la acción, pero no han señalado fecha para la audiencia.

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Por otro lado, la Fiscalía General del Estado tiene abierta una investigación previa en contra de los cuatro consejeros de Participación Ciudadana, que votaron a favor de la remoción. El caso está en reserva.

A eso se suma la resolución del actual ministro de Trabajo y con la cual Murillo ha extendido una misiva al CPCCS, en la que solicita se deje sin efecto la resolución que lo dejó fuera del CJ.

Además, pide que se oficie a la Judicatura y a la abogada Elcy Celi Loaiza, quien fue designada por el CPCCS en su reemplazo, para que continúe como vocal suplente.

Murillo hace hincapié en la misiva que su remoción se “sustentó” en un oficio del exministro del Trabajo, “respecto al cual se ha determinado con absoluta precisión que contenía errores gravísimos e insalvables de índole jurídico que los observé oportunamente y que ahora, de manera motivada también lo ha hecho el actual ministro”.