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Participación Ciudadana remueve del cargo al vocal de la Judicatura Fausto Murillo

El organismo aprobó por voto de mayoría una recomendación del Ministerio de Trabajo y un informe jurídico por impedimento para ejercer el cargo

fausto murillo
Fausto Murillo fue designado el 29 de enero de 2019, como vocal principal del Consejo de la Judicatura, presidido actualmente por María del Carmen Maldonado.ANGELO CHAMBA

De una publicación que fue tachada como falsa, el supuesto impedimento para ejercer cargo público puso en la mira a uno de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).

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Este viernes 23 de abril de 2021, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se reunió en sesión extraordinaria para conocer trece puntos en el orden del día; entre ellos, un informe jurídico respecto de un oficio remitido por el ministro de Trabajo, Andrés Isch, en relación al impedimento para ejercer cargo público por compensación por renuncia voluntaria de Fausto Murillo Fierro, vocal principal del CJ, quien por voto de mayoría fue removido esta noche de sus funciones.

El pasado 19 de abril de 2021, un diario manabita publicó el impedimento de Murillo para ejercer el cargo. La Judicatura respondió que dicha información era falsa y que se trataba de “una acusación maliciosa sin fundamento alguno”. Aclaró además que era falsa la supuesta renuncia voluntaria reportada por la Judicatura con respecto al mencionado vocal.

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Sin embargo, en un documento aparentemente otorgado por el Ministerio de Trabajo, y dado a conocer por fuentes judiciales, se indica que Murillo no consta registrado con impedimento legal para ejercer cargo, puesto, función, dignidad en el sector público”; pero,  en otra parte que se refiere al tipo de impedimento o registro, en el que se señala: compensación por renuncia voluntaria. Más abajo se indica además, que la institución que lo reporta es el Consejo Nacional de la Judicatura.

El vocal Fausto Murillo fue convocado en horas de tarde a la sesión de este viernes 23 de abril de 2021, a la que asistió de manera virtual, aunque fuentes de la entidad indicaron en  la mañana que no había sido notificado con alguna convocatoria. Horas antes, el funcionario expuso en una entrevista que en “el fondo es que quieren tomarse la administración de justicia para revisar las sentencias de casos emblemáticos de corrupción, que conmovieron al país”. Como ejemplo mencionó el caso Sobornos y Singue. Según aseguró, detrás de eso estarían “fuerzas políticas claramente en armonía con la delincuencia organizada”.

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En la sesión, Murillo cuestionó la sugerencia del ministro de Trabajo y expuso que fue servidor judicial de carrera por 25 años, pero se acogió al plan de desenrolamiento en septiembre de 2012, por lo que recibió 30.600 dólares de indemnización económica por los años de trabajo. Lo que produjo un impedimento para la carrera judicial. Sin embargo, explicó con base en normativas que los vocales de la Judicatura no pertenecen a la carrera judicial, provienen de ternas de distintas funciones del Estado, por lo que tenemos un periodo fijo de seis años, y están sujetos a juicio político. "Las reglas de impedimento que establece el Código de la Función Judicial se refiere a las carreras judiciales, los vocales estamos fuera de eso", reiteró.

Murillo consideró que sería gravísimo atender esa expresión del ministro de Trabajo, por lo que estarían en observación las decisiones que ha tomado el Consejo de la Judicatura, al que pertenece como vocal principal desde el 29 de enero de 2019.  

Lo que sí dejó en claro es que con esa sugerencia "pretenden nuevamente meter mano a la justicia", por lo que pidió a los consejeros reflexionar lo que denominó como ligereza.

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Sin embargo, "no podemos tener funcionarios de altas jerarquías estas dudas (...) el señor Murillo ha dicho explícitamente que sí tenia impedimento", dijo la presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, previo a mocionar la recomendación del ministro de Trabajo, lo que fue replanteado con otra moción por el vicepresidente del organismo, Francisco Bravo, para que no se acoja ese pedido de remoción.

El consejero Hernán Ulloa asentó que el CPCCS no tiene esas competencias para esa remoción. Se indicó que no es el procedimiento correcto. Finalmente, por voto de mayoría (cuatro a favor, dos en contra y una abstención) se acogió la moción de Almeida.