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El caso Carlos Lopez Ayala
Varios de los columnistas de Expreso, algunos de ellos médicos, ya hemos manifestado rechazo a la sentencia a que se decidió someter al ilustre galeno con largo ejercicio profesional en Quito: doctor Carlos López Ayala, merecedor, según he podido establecer, de la más amplia solidaridad de sus colegas.
Hoy quiero reiterar esa solidaridad y también repudiar una sentencia que, al decir de muchos juristas, busca un culpable a quien sancionar, frente a la tragedia de una muerte que condeno, pero que no puede ser el instrumento para hacer perder su libertad a un cirujano capacitado para ejercer como tal, que dedicó todo su esfuerzo tratando de salvar esa vida.
Sin duda, el nuevo Código Orgánico Integral Penal, con la sentencia comentada permite evidenciar las injusticias que su aplicación sesgada puede generar y valdría aprovechar la triste experiencia para proceder a su reforma.
Es evidente que el caso del Dr. López y múltiples otros, hacen notoria la urgencia de esa reforma.
Por otra parte, cuando las sentencias se dictan con el apresuramiento que impide que la defensa pueda ser ejercida debidamente, presentando todas las pruebas de descargo, se puede incurrir en la paradoja inadmisible de sentenciar a un médico que permaneció cuatro horas en el quirófano tratando de salvarle la vida a su paciente y luego acusarlo por haberse negado a atenderlo.
Siendo que incluso el establecimiento de juicios por “mala práctica” se puede convertir en un despreciable y lucrativo negocio, es imprescindible que en las reformas se deje claro que no se debe legislar de manera general, atendiendo a la presión social incubada en recientes y antiguos casos de evidente ejercicio de operaciones riesgosas, sin contar ni con la formación ni con el equipamiento requerido. Evitar esa posibilidad atañe a la vigilancia de las autoridades en las instituciones prestadoras de salud, que han tolerado impasibles anuncios de “cirugías plásticas a precios módicos”, como si tal tipo de promoción fuera éticamente posible de realizar.
Sin disputarle su rol a la administración de justicia, cabe reflexionar sobre el caso.
huertaf@granasa.com.ec