No todos entran. Afuera del edificio Joaquín Gallegos Lara, donde operan algunas oficinas de las entidades sociales del Estado, esperaban estudiantes para participar del nuevo proceso de admisión a las universidades.

Desde agosto de 2021, el examen Transformar reemplazó al Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES). El nuevo test de ingreso mide competencias y habilidades en áreas como razonamiento lógico, verbal y numérico; en atención y concentración.

El bachiller de 21 años, Walker Paquín, asistió para activar su cuenta en la plataforma Transformar y poder postularse. “Me da coraje, vivo lejos y vine por gusto”, dice Walker mientras mira al resto de personas pasar.

Minutos después llegó Evelyn Arana, de 23 años, para recuperar su contraseña de ingreso a la plataforma Transformar. “No es obligación vacunarse. Estaba enferma y por eso no me he vacunado”, explica Evelyn luego de haber esperado 15 minutos en la fila de ingreso. “No por esto me van a negar estudiar”, remató Evelyn al hablar con el guardia del edificio.

El malestar de Walker y Evelyn lo viven muchos ciudadanos que, más allá de olvidar el carné de vacunación, no desean vacunarse. Además, se ha convertido en un tema de debate jurídico.

Para el abogado constitucionalista, André Benavides, la postura de Evelyn está justificada. “No se puede (pedir el certificado de vacunación) con decreto ejecutivo”, menciona Benavides. Añadió que estas restricciones establecidas por presidente de la República, Guillermo Lasso, necesitan de una ley de pandemia que le permita ejecutar este tipo de restricciones.

Según Benavides, las únicas formas de restringir el tránsito son a través de decretos de excepción, leyes orgánicas y órdenes judiciales.

Por otro lado, el también constitucionalista, Ismael Quintana, aclara que, aunque parezca una acción discriminatoria, “ningún derecho prima sobre los demás”.

Añadió que los derechos también admiten requisitos y que la Constitución del Ecuador, en el artículo 83, dicta como un deber ciudadano el anteponer el interés general sobre el interés particular.

“Tenemos el libre desarrollo de la personalidad”, aclara Benavides. Además, indica que si el Estado obliga a los ciudadanos a vacunarse, puede enfrentar una demanda de constitucionalidad.

Desde el pasado miércoles 1 de diciembre se exige la presentación del certificado de vacunación, tanto a funcionarios como ciudadanos, para ingresar a los edificios públicos.

La decisión la anunció el presidente de la República, Guillermo Lasso, como parte de las nuevas medidas de prevención ante la variante de la COVID-19, ómicron.