Que la inseguridad sea la mayor preocupación de los habitantes de Quito en la actualidad lleva a que los candidatos a la Alcaldía centren gran parte de sus propuestas en este tema. Más, cuando los capitalinos aportan sobre los ocho millones de dólares anuales para una tasa de seguridad de la que no están viendo ni sintiendo los resultados. EXPRESO consultó a los aspirantes y sus planes van desde implementar tecnologías, mejorar el espacio público y apoyar las tareas de los policías, aunque esa última es una competencia del Gobierno central.

La encuesta Quito cómo vamos de 2022 señala que el 39,9% dijo que la inseguridad es el problema que más afecta su calidad de vida, por encima de la mala calidad del transporte público. El 59% señaló sentir temor de salir a parques y otros espacios públicos y un porcentaje igual aseguró que fue víctima de la delincuencia en los últimos 12 meses.

Por eso, los aspirantes a administrar la ciudad ensayan propuestas. Los diagnósticos están hechos y las soluciones, salvo variaciones puntuales, tienen más cosas en común que grandes diferencias.

Omar Cevallos, de Centro Democrático, le dijo a EXPRESO que la tasa de seguridad será invertida en tecnología “para prevenir y castigar el delito”. En la misma línea se pronunció Luz Elena Coloma, de la alianza Va por ti, que apostaría por sistemas de videovigilancia y alarmas comunitarias, entre otras medidas.

‘Revivir’ las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) también está dentro de los planes para dar un uso adecuado a la tasa de seguridad. Así lo señaló Andrés Páez, de la unidad Sociedad Patriótica y Democracia Sí; Natasha Rojas, de Unidad Popular, y Pabel Muñoz, de la Revolución Ciudadana.

Casi todos los aspirantes coinciden en señalar que, aunque no es competencia municipal, a Quito con sus recursos le tocará repotenciar la infraestructura de las UPC, dotar de gasolina y repuestos a los automóviles y motocicletas que son usados por los uniformados, siempre y cuando esto signifique aumento de los patrullajes en la ciudad.

El robo a personas y domicilios son de los delitos que preocupan a los capitalinos. Las cifras de estos se elevaron el año pasado con relación a 2021. Según las estadísticas de la Policía del Distrito Metropolitano, en 2022 hubo 6.682 robos a personas. Casi 1.000 más de los que se registraron en 2021. En Quito también hay preocupación por el robo de bienes, accesorios y autopartes de vehículos, robo de automotores, entidades bancarias y motos.

Para enfrentar esta ola delictiva hay dos candidatos, María José Carrión, de Amigo, y Pedro José Freile, de la unión entre el Partido Socialista y SUMA, que plantean importar un modelo similar al implementado en El Salvador. Esto implica el uso de tecnología de punta y coordinaciones entre varias instancias locales y nacionales encargadas del tema seguridad, pero también justicia. Eso, en el fondo, no dista mucho de las otras propuestas.

Pero no son las únicas formas de violencia que aumentan la percepción y la realidad de la inseguridad. El 71% de mujeres encuestadas en Quito dice haber sido víctima de piropos, miradas lascivas o sonidos desagradables que las hicieron sentir inseguras.

Luisa Maldonado, aspirante de Avanza, le dijo a este Diario que ese problema de convivencia más la violencia intrafamiliar asociada con el consumo de licor también hay que combatir y parte de esa tasa y otras municipales serán destinadas a espacios de atención de acogida de personas en situación de vulnerabilidad.

Un plan similar esboza Jéssica Jaramillo, del movimiento Todos, que se plantea la implementación de defensorías de víctimas, el fortalecimiento de los centros de equidad y justicia, además de las juntas de protección de derechos.

El destituido exalcalde de Quito, quien busca una segunda oportunidad, Jorge Yunda, incluso habla de una acumulación cercana a los 18 millones de dólares de la tasa de seguridad que deberían ser invertidos en cámaras de videovigilancia, infraestructura y coordinación entre las fuerzas del orden.

“Cada dólar en prevención significa $ 20 en represión”, explicó al candidato por Izquierda Democrática, Pablo Ponce, quien dijo que esa será su prioridad, sin descuidar temas como la mejora de la infraestructura de las unidades policiales y la dotación de recursos para su óptimo funcionamiento.

A la mejora de las UPC, el aspirante socialcristiano Patricio Alarcón aumenta un aspecto importante para garantizar seguridad: la coordinación. Por eso, el candidato habla de un centro de monitoreo único para Quito, que unifique los cinco existentes.

También hay otras coincidencias entre los candidatos. Para que cualquier plan de seguridad funcione son conscientes de que hay que fortalecer el tejido social de los habitantes de Quito y parece haber una oportunidad: el 64,8% dice confiar aún en sus vecinos, según Quito cómo vamos.

Lo otro es aportar por la recuperación del espacio público, especialmente plazas y parques, dotando de iluminación, juegos infantiles y la presencia de policías metropolitanos en coordinación con la Policía Nacional.