Otra vez la información del exterior despierta las alarmas sobre los procesos judiciales con los que se pretende limpiar de corrupción al Estado ecuatoriano y sus proyectos emblemáticos. La imagen en video, sin lugar a interpretaciones ni filtros, de un exdirectivo de Odebrecht detallando cómo y cuánto se paga sobornos a la cúspide del régimen anterior ha abierto, de nuevo, dos líneas de análisis.

Por un lado, que quienes debían llevar al país al desarrollo y eran depositarios de la confianza de millones de personas demostrada a través de las urnas usaron su posición para un rédito personal, egoísta e ilegal con el consecuente perjuicio para el país y sus ciudadanos. Y por otro, que aún no se despejan las dudas sobre la esterilidad de las autoridades de control nacionales.

Habiendo un proceso penal liquidado con una sentencia penal y una sanción económica, con cientos de cuerpos de información y pruebas de sustento, surge la interrogante sobre el destino de los demás expedientes que salieron a colación. Y ahí, reaparece la sombra de la duda cuando gotean desde el exterior informaciones sobre las irregularidades que se dieron en Ecuador sin que hayan tenido, de momento, un reflejo en iniciativas penales con resultado de éxito.

La autoridad fiscal, decapitada varias veces en el último año, se ampara ahora en la falta de recursos para llevar por buen camino todas las ‘noticia criminis’ que recibe. Pero no hay lugar para justificaciones de tinte administrativo si las prioridades estuvieran claras. Un caso de corrupción como el protagonizado por Odebrecht y los funcionarios del Gobierno anterior -como espejo de lo que también ocurrió afuera- no puede ser aparcado frente a otras investigaciones.

El retraso en la búsqueda de responsables que resarzan al país de la oportunidad perdida en términos de desarrollo y dignidad no es achacable exclusivamente al número de manos disponibles, cuando la falta de articulación entre instituciones de control saca a la luz una situación de brazos cruzados. Cruzados por inactividad y por acciones atravesadas entre unos y otros.

Es hora de que los ecuatorianos reciban, con hechos y no con palabras, un mensaje de voluntad y pulcritud en las acciones de control y resarcimiento al daño generado que, finalmente, pagan todos con sus impuestos.