el concepto de “banco basura” tiene su más reciente concepción en Irlanda, como consecuencia del rompimiento de la burbuja crediticia del euro en 2012. Con un problema de deudas y activos que superaba con creces el tamaño de la economía, las autoridades monetarias decidieron que, para retomar el equilibrio macroeconómico, sería necesario “desapalancar” al sector financiero, esto es, realizando las pérdidas incobrables, o reactivando activos mediante su transferencia a otros agentes que pudieran reciclarlos y hacerlos producir.

Los problemas de iliquidez son contagiosos, sea que se inicien en el sector financiero privado o en el gobierno. La estrategia de los irlandeses fue la de tender un cordón sanitario, aislando el contagio y transfiriendo los activos con problemas a un “banco basura” al cual se le dio la tarea de llevar a cabo las operaciones de rescate, salvataje y saneamiento, manteniendo de tal forma la salud del resto del sistema financiero sin afectar la condición de los depositantes. Al cabo de cinco años, luego de una tarea efectiva, Irlanda goza de buena salud económica.

En Ecuador las soluciones jamás son limpias. Hay una patología que nace de la irresponsabilidad fiscal imperante -pues el actual mantiene íntegro el modelo de Correa- y se busca por todos los medios seguir utilizando al Banco Central a manera de alcancía cuántica que le permita al gobierno tapar los huecos fiscales que alegremente, con su ininterrumpido boato, continúa creando.

La propuesta actual busca “legalizar” la mañosería del mes de mayo cuando, con una deuda de $5.800 millones que el BCE le prestó al gobierno con dineros ajenos, el HC PhD (por Honoris Causa, PhD) ordenó embutirle $2.200 millones en daciones en pago, consistentes en los inexistentes paquetes accionarios (no valorados) de la CFN y del BNF (re-denominado BanEcuador) para así bajar el pasivo. La mañosería se inspiró en el curioso y errado concepto articulado por el Ministro de Finanzas quien sostiene que, en dolarización, el BCE debe actuar como cualquier otro banco de depósitos, recibiendo dineros de terceros y otorgando créditos. La falacia en este razonamiento, que demuestra una ignorancia total de lo que es la dolarización, es que el BCE está intermediando entre depositantes obligados, esto es, con dinero ajeno y un solo cliente, el gobierno nacional, que es un mal pagador y está quebrado por añadidura.

Más aún, la propuesta actual extiende, nuevamente contradiciendo la legislación (el Código Monetario que sí es aplicable a las instituciones financieras) la posibilidad de entregar acciones de otras empresas del SPNF. Una de las argucias mantiene que, por ejemplo, Seguros Sucre, empresa que ha manejado los negocios del gobierno, pueda trasladar sus activos, pasivos y contingentes al Banco Central. Es una manera científica y legal de “lavar” las fechorías y así pasar la bola a un tercero para curarse en sano. El BCE no es un banco de emisión. Tampoco debe convertirse en el depósito de la basura putrefacta del gobierno. Esa sí, sin posibilidades de ser reciclada.