Ecuador amaneció con la transmisión de la cadena nacional del presidente de la República, Lenin Moreno, en donde dio ha conocer las nuevas medidas económicas que implementará el Gobierno con miras a solucionar el déficit que tiene el Estado debido a la emergencia sanitaria causad por el COVID 19, que llega a los 12 mil millones. 

Desde la Asamblea se pone muchas dudas en cuanto a la reducción de puestos de trabajo en el sector público.

La coordinadora del bloque de Alianza PAIS, Ximena Peña, tras señalar que no hay una posición del bloque, a su criterio lo “que más temor da” es el tema de los despidos y la reducción de salarios, más aún cuando en el país existe una economía deprimida. Considera que a futuro la medida tendrá una repercusión en la capacidad de consumo de la gente, lo que también golpeara a las empresas por en la producción por la falta de demanda.

En relación a los combustibles, Peña cree se debe tener una mayor explicación del Presidente Moreno sobre este tema, para tener claro cómo mismo se va a implementar. Sin embargo, dijo que era un tema que se debía revisar, ahora lo que hay que saber es en qué condiciones se lo implementa, a qué sectores.

Indicó que más adelante se podrá dar un criterio más detallado de las medidas, porque aún existen vacíos sobre los anuncios, y que espera que las autoridades den respuestas para tener más elementos de juicio para dar un criterio más amplio de los anuncios.

“No se necesitaba una ley para poner un paquetazo que querían, y ya lo han puesto. Se están cumpliendo los sueños más preciados del neoliberalismo criollo, y esto es la precarización laboral, la eliminación del subsidio a los combustibles, y han construido este enemigo público que es el funcionario público al que le suelen afectar”, sostuvo el asambleísta Pabel Muñoz (RC).

A su criterio, de las cifras entregadas por el Gobierno se estima que se van a dejar sin empleo entre 14.000 y 20.000 funcionarios públicos; y, la reducción del horario de trabajo supondrá una rebaja de entre el 20 y 25% del salario, lo que afectará a la capacidad de consumo y por tanto a la demanda.

Además, señaló que las medidas han estado dirigidas a los trabajadores, al tiempo de sostener que dentro de las medidas no hay ninguna para la gente más pudiente o del sistema financiero. “De todas las medidas que han anunciad, vemos que todas caen sobre los trabajadores y ninguna contra las grandes fortunas de este país”.

En tanto, el asambleísta César Rohón (PSC), ve como acertada la decisión del Gobierno de tomar medidas, en donde la decisión más importante, es la reducción de la jornada laboral de los servidores públicos, lo que representa un ajuste del 25%, y de donde saldrá los $980 millones que necesita el Gobierno.

La duda que tiene el asambleísta, es cuál será el proceso de renegociación de la deuda externa, qué porción de capital y de dónde se ha quitado esos $1.300 millones, qué porción de interés se ha quitado y de dónde. “El direccionamiento del ajuste creo que va por buen camino, y creo que hay que hacerlo, pero con transparencia”, afirmó.

A su criterio, era el momento justo para liberar el precio de los combustibles, liberar la importación de derivados, focalizar los subsidios al transporte público, agricultura, mantener el subsidios al gas doméstico; y, dejar en esa banda de fluctuación en momentos que se de la elevación de los combustibles. “Creo que esto es fundamental para ir corrigiendo los desajustes de la economía, dada la pandemia, la crisis y la necesidad , han obligado a tomar estas medidas que que han sido represadas por mucho tiempo”, aseveró.

El legislador, indicó que solicitará la comparecencia de los ministros de Finanzas, Richard Martínez; de Energia y Recursos No Renovables, René Ortiz; y, de la Producción , Iván Ontaneda, para que informen el alcance de todas estas medidas.