El trámite en primer debate del proyecto de reformas a la ley de Seguridad Social es uno de los puntos del orden del día de la sesión de este jueves 18 de enero de la Asamblea Nacional. El eje central es una antigua aspiración de los asegurados: tener mayor capacidad de decisión en el manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), algo que se ha buscado en ocasiones anteriores, pero que no ha tenido los votos necesarios; no ha sido factible; o no ha sido acatado.

Por tratarse de una propuesta de iniciativa ciudadana, tiene un plazo perentorio para ser tratada y aprobada en un primer y segundo debate, algo que legisladores y proponentes esperan que ocurra dentro de 60 días.

Como ha informado este Diario, el proyecto básicamente propone que el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sea conformado por cinco miembros y no por los tres actuales. Estos serían: dos representantes de los afiliados activos, uno de los jubilados, uno de los empleadores del sector privado y uno del sector público, designado por el Ministerio del Trabajo.

Así, con una mayoría de vocales en el organismo, la administración del IESS pasaría a manos de los asegurados. Actualmente, el Consejo Directivo del IESS está integrado por un representante de los afiliados, uno de los empleadores y uno del Ejecutivo, quien lo preside.

El informe fue aprobado de manera unánime el 8 de enero por la comisión de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, lo que evidencia un consenso en el objetivo por parte de los diversos partidos y movimientos políticos que la integran.

Pero otra cosa será ya la factibilidad de la eventual reforma, sobre todo de la elección de los representantes de los afiliados. El exlegislador y ahora autor de la propuesta como dirigente de un gremio de jubilados del IESS, Henry Llanes, recuerda que en una anterior ocasión se resolvió que para ser candidato se debía reunir el respaldo de un porcentaje del electorado equivalente a unas 200.000 firmas. Algo que, a su criterio, lo volvía imposible. “Ni para formar un partido y ser candidato a Presidente de la República se necesitan tantas firmas”, ironiza.

Como referencia, para inscribir un movimiento político nacional, la norma pide el respaldo del 1,5 % del padrón electoral, lo cual equivale a unas 195.000 firmas de apoyo.

En la propuesta que empieza a debatir hoy la Asamblea consta como requisito el 0,2 % del universo de afiliados, estimado en tres millones de asegurados. Esto es, unas 6.000 firmas. El IESS debe facilitar las cifras precisas, indica el proyecto.

Llanes coincide en resaltar la importancia de que ese número de apoyos para ser candidato a representar a los afiliados o jubilados no debe ser tan alto que se torne imposible de cumplir; ni tan bajo que genere una lluvia de aspirantes, “en la que todo el mundo quiera ser candidato”. Allí cita que se deben incluir otros requisitos, “enfocados más en la honestidad y la ética”.

Jaime Guevara, asambleísta de la Comisión de Derecho al Trabajo, señala que otra vía que puede establecer la Asamblea o el CNE es la de colegios electorales, donde los gremios como maestros, petroleros, servidores públicos, salubristas y otros, designan a sus representantes.

Pero Llanes lo niega y afirma que, precisamente, esta reforma viabiliza una resolución de la Corte Constitucional que eliminó la vía de colegios electorales, por considerar que estos no incluyen a todos los afiliados. Algo que, a su criterio, se sigue incumpliendo hasta ahora, aludiendo a la forma en que fueron electos los representantes de afiliados y empleadores.

En cambio, ambos concuerdan en señalar que, si se llegara a aprobar la reforma dentro de los próximos 60 días, esta se deberá aplicar y ejecutar durante el actual Gobierno.

• Otros temas: Una ley para el voluntariado va a segundo y definitivo debate

Las reformas a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) no son los únicos temas que tratará hoy el Pleno de la Asamblea.

En el orden del día consta el trámite en segundo y definitivo debate del proyecto de Ley para la Acción Voluntaria. “Tiene entre sus objetivos reconocer, definir, formalizar, promover, proteger, visibilizar, facilitar y garantizar la participación organizada y solidaria de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades en acciones de voluntariado, con las garantías necesarias, en asociaciones, fundaciones y cualquier otra forma de agrupación sin fines de lucro”, indicó el área de Comunicación.

Para el efecto, la Comisión de Participación Ciudadana desarrolló mesas técnicas para recoger aportes de instancias del Estado, sociedad civil y organizaciones interesadas en promover una ley que ampare al sector del voluntariado, agregó.

La jornada concluirá con el primer debate del proyecto de Ley del Sistema de Seguimiento, Cooperación e Implementación de las Obligaciones Internacionales del Estado en Materia de Derechos Humanos.    

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