El correísmo y Pachakutik se unieron nuevamente en la Asamblea Nacional, esta vez para aprobar el informe sobre su versión de los hechos en las movilizaciones indígenas de junio pasado, que se extendieron por 18 días.

El documento fue elaborado en la Comisión de Garantías Constitucionales que está dominada por ambas organizaciones políticas. Se aprobó con 77 votos, en tanto que la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática se abstuvieron.

En las conclusiones, el informe señala que los medios comunitarios fueron atacados e impedidos de transmitir, que desde el Estado se sometió a la población a una constante situación de miedo con eventos humillantes y degradantes contra los manifestantes de parte de los agentes del orden.

“Respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes se pudo evidenciar que las condiciones de represión que rodearon al paro nacional generó una violación a los derechos que les asisten, especialmente la ausencia del cumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene de garantizar la participación segura en las movilizaciones”, señala el texto.

La Comisión señala que el Gobierno trató de posesionar una narrativa de estigmatización a la protesta social al calificarla como “desestabilizadora, delincuencial y terrorista”, especialmente desde los funcionarios encargados de las carteras de Defensa y del Interior.

Dice además que se ha estigmatizado a la guardia indígena a la que califica como un grupo ancestral, que únicamente es un símbolo distintivo y que no se ha registrado ningún ataque de esta guardia durante las protestas.

El ponente del informe, Mario Ruiz, de Pachakutik, dijo que el Gobierno ha irrespetando los derechos, en algunos casos de forma irreparable, de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y dirigentes sociales. Incluso habló de crímenes de lesa humanidad.

Según Ruiz, la posición del Gobierno provocó una división de la sociedad tanto que quienes “supuestamente” no apoyaban a la movilización “salieron a disparar y atropellar a los manifestantes y frente a ello la policía no hizo nada”, aseguró.

En el informe no hay una sola línea sobre la actitud de violenta de ciertos manifestantes. Sin embargo, la socialcristiana Geraldine Weber dijo que también hay responsabilidades de los luchadores sociales en temas como la contaminación del agua (en Ambato), las pérdidas que registraron los negocios y el “secuestro del país”.

“¿Qué hacen niños en protestas sociales? Eso también me parece delincuente, inhumano. Me parece que la lucha social no tiene sentido si no se logran los objetivos y poner a niños a luchar por los objetivos de gremios y agrupaciones sociales es inhumano”, manifestó Weber.

El informe dispone el inicio de juicios políticos en contra del Fausto Cobo, titular del Centro de Inteligencia Estratégica; el exministro del Interior, Patricio Carrillo; y el ministro de Defensa, Luis Lara.

Conminar a la Fiscalía General del Estado inicie las investigaciones correspondientes respecto de las causas por las cuales los ciudadanos perdieron la vida durante el paro y le dan 60 días para que informe al Pleno sobre los avances de las investigaciones.