Aromo miasmatico
Fue Eloy Alfaro quien, con sarcasmo, se refirió a la deuda externa que nació con la República como la “deuda eterna” y a las “debentures” como a las desventuras del país. Pasarían 80 años más antes de que el país pudiera dejar atrás el capítulo de la Deuda Inglesa, cuando al mismo tiempo otro gobierno decidiría, en 1977, que había llegado el momento de endeudarse agresivamente una vez más. El resto de la historia ya está documentado, hasta el cierre del siglo se perdió toda una generación, colapsó la economía y los ingresos originados en la venta del petróleo sirvieron para pagar los intereses de la deuda.
Sin embargo, el endeudamiento es un irresistible canto de sirenas. El gobierno RC recibió un país fiscalmente sano; mas, impulsado por el modelo de expansión fiscal, hacia mediados de 2012, con petróleo de $100 el barril, se rompió la burbuja del gasto y se echó mano, agresivamente, de los recursos externos para financiar el gasto público. A partir de 2013 los ingresos adicionales por concepto de deuda fueron superiores a los incrementos obtenidos por concepto de las recaudaciones del SRI; en 2014 la relación fue de tres a uno. Es deuda cara, vinculada a proyectos mal estudiados, definidos con apego a consideraciones políticas y con costos fuera de mercado (como en el caso de las centrales hidroeléctricas).
Hoy el Gobierno anuncia que quiere ir adelante con la refinería de El Aromo, proyecto inspirado por la estulticia chavista.
Se argumenta, falazmente, que como el país está menos endeudado que Grecia, puede destapar el autoimpuesto (y ya violado) límite de endeudamiento público de 40 % del PIB, y abrir la llave para, en un solo proyecto, comprometer $13.000 millones. Hasta donde se conoce, no se cuenta con estudios rigurosos de mercado, ni se ha justificado la viabilidad económica, incluyendo las opciones que pudieren existir. No hay seguridad de contar con la necesaria provisión de crudo en el tiempo. Y el servicio de la deuda incurrida significaría la erogación de alrededor de $900 millones por intereses más la amortización de entre $1.000 y $1.500 millones anuales. En otras palabras, entre el 50 % y el 60 % de las ventas anuales (a $60 el barril de petróleo) estarían comprometidas, quedando un margen insuficiente para cubrir los costos de los insumos y costos operativos, lo que hace del proyecto un candidato al fracaso económico.
Los beneficiarios serían los intermediarios y comisionistas, aparte de los financistas y contratistas afincados en un proyecto cuyo presupuesto referencial supera en $5.000 millones a uno similar llevado a cabo por un empresario en Nigeria. Las comisiones y coimas parirán una nueva camada de millonarios instantáneos. Se agotará la capacidad crediticia del país y el próximo gobierno perderá todos los grados de libertad para el manejo de la política fiscal. Por ello, los candidatos y movimientos políticos están en la obligación de pronunciarse y, convencidos que lo fueren, advertir severamente a potenciales acreedores que de suscribirse cualquier contrato de financiamiento en el término de este gobierno, este será revisado y renegociado en su totalidad.
Es la forma de plantarle el carro a esta locura.
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