Lo que está viviendo el país en estos días de acuerdos prelegislativos es un ‘déjà vu’. A 29 meses de que Guillermo Lasso intentara crearse un espacio de gobernabilidad en la Asamblea mediante un pacto con el correísmo y el Partido Social Cristiano, la historia parece a punto de repetirse con Daniel Noboa. Lasso se echó para atrás a último momento, disuadido por una opinión pública incapaz de comprender cómo se podía traicionar una identidad política forjada en 12 años de confrontación con el correísmo. Noboa, a quien nunca se ha visto confrontar con nadie, no tiene identidad política que proteger, así que resulta inmune a la opinión ajena.

De aquella frustrada coalición de mayo de 2021 proviene la crisis de gobernabilidad que condujo a la república al punto en el que se encuentra. Que Lasso abandonara el pacto fue considerado una traición por las otras partes. Y lo era, salvo que se trataba de una traición menor para enmendar aquella otra, descomunal, imperdonable, que estuvo a punto de perpetrar contra sus votantes. El bloqueo empezó de inmediato y se tradujo en boicot a las iniciativas de legislación del gobierno, acoso a ministros con pedidos de información incesantes y abstrusos, y, sobre todo, repetidas tentativas de golpe de Estado parlamentario, en las que el correísmo actuó en alianza con Pachakutik (como en el paro indígena de junio de 2022) o el Partido Social Cristiano, su aliado durante el último tramo de la legislatura.

Ingobernabilidad o alianza es la fórmula de los correístas. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lo expresó claramente la semana pasada, al plantear al presidente electo la necesidad de conversar con Rafael Correa y Jaime Nebot en procura de una “tregua”, palabra que suena conciliadora, pero es todo lo contrario. “Tiene que haber tregua en el país para que haya gobernabilidad -dijo el alcalde-. Si no hay gobernabilidad empieza el fuego cruzado de diferentes partidos o movimientos y empieza la polarización y vamos a seguir hundidos”. Lo único conciliador en estas palabras es el reconocimiento implícito de que la estrategia correísta de la ingobernabilidad y el fuego cruzado nos mantienen “hundidos”. El resto es una amenaza. Una que cualquier presidente debería tomarse en serio. Pregúntesele a Guillermo Lasso.

Los términos del acuerdo no son un secreto para nadie. Estos son los que Guillermo Lasso estuvo a punto de firmar en mayo de 2021: el correísmo cede a un aliado la presidencia de la Asamblea, que le corresponde por ser la bancada con mayor número de representantes, y garantiza un cierto apoyo legislativo al gobierno a cambio de la revisión de los procesos judiciales que afectan a sus prófugos y presos. El mecanismo para lograr ese objetivo es secundario pero, entre las varias posibilidades (indulto, proyecto de amnistía, intromisión directa en la Justicia…), el nombramiento de una Comisión de la Verdad independiente que eche abajo las sentencias parece ser la fórmula más expedita y aséptica: el Ejecutivo nomás debería conformarla y desentenderse del asunto. Adicionalmente, el correísmo, convertido en piedra angular de la mayoría parlamentaria, adquiriría una posición de poder incomparable.

En este punto se hace necesario recordar lo ya sabido: el correísmo es un movimiento que, en repetidas ocasiones y de manera pública, ha admitido su intención de impulsar un proyecto político antidemocrático: tomar el poder para quedarse con él treinta años porque no cree en la alternabilidad del mando; intervenir en el sistema judicial porque no cree en la independencia de funciones; ejecutar un plan de venganza contra medios de comunicación y otros disidentes porque no cree en las libertades de expresión, opinión y conciencia… Más aún: las sospechas de que el correísmo tiene vínculos inconfesables con estructuras del crimen organizado son plenamente justificadas: sus líderes y los capos y lugartenientes del narcotráfico comparten jueces y abogados, se fotografían juntos en las mismas fiestas, remojan los michelines en las mismas piscinas, contratan a los mismos raperos… La lista de políticas públicas que ejecutaron durante su gobierno y que beneficiaron directamente al narcotráfico (desde la expulsión de la base de Manta hasta el relajamiento de los controles de las sustancias sujetas a fiscalización, pasando por el desmantelamiento de la Unidad de Investigaciones Especiales) es interminable.

Al poco aprecio que los ecuatorianos profesan por las instituciones democráticas (medido en encuestas de alcance regional) se puede atribuir el hecho de que estas características públicas y notorias del correísmo no constituyan un obstáculo para que se los considere como interlocutores legítimos de la política parlamentaria. Partidos políticos supuestamente democráticos no tienen ningún reparo de entrar en alianza con la principal fuerza antidemocrática del país; no encuentran contradicción alguna en el hecho de declararle la guerra al narco mientras se concede el mayor poder en la Asamblea al partido del que existen sobradas razones para sospechar sus vinculaciones con el narco. Es más: han posicionado la idea de que un pacto con el correísmo no sólo es posible sino recomendable en nombre de la reconciliación, el acuerdo nacional y el buen rollito. Y el pragmatismo, no hay que olvidar el pragmatismo, argumento ganador donde los hay. Lo contrario, dicen, es actuar movidos por el odio y las antipatías personales. Esa es la crítica que el partido de Jaime Nebot, por ejemplo, tiene reservada a sus periodistas malqueridos y que también ha recibido el movimiento Construye, que postuló a Fernando Villavicencio a la Presidencia de la República y ahora es la segunda fuerza política de la Asamblea. Construye es el único partido para el cual pactar con el correísmo es una línea roja que no se debe atravesar. Todo parece indicar que se va a quedar solo.

También los socialcristianos dicen tener sus líneas rojas. “Ni impuestos ni impunidad”, ha dicho Dallyana Passailaigue, convertida esta semana en inusual vocera de la bancada, acaso porque el discurso predominante de no-al-odio que sirve para promover el acuerdo precisa de un rostro no relacionado con la confrontación y el carajazo (y de esos, en el partido de Nebot, hay pocos). Pero el presidente nacional del partido, Alfredo Serrano, ya explicó el alcance de esas buenas intenciones: nosotros, dijo, no pactaremos con el correísmo, sólo con el gobierno; si el gobierno quiere pactar con el correísmo y hacerlo partícipe “de esta mayoría” (así dijo, como si hubiera mayoría en ese pacto sin el correísmo), nosotros no tenemos problema con eso. En otras palabras: sí, se meterán en la cama con el correísmo, pero solo como parte de un trío. La impunidad de prófugos y presos correístas es algo que negociará el gobierno con Correa. Nebot, devenido en líder de un partido swinger, nomás mirará para otro lado: las supuestas líneas rojas del socialcristianismo no son más que una coartada.

El resultado es digno de un mundo al revés y no debería sorprender a nadie. Aquí las líneas rojas, las únicas válidas, puesto que las de Construye son ilegítimas y las de Nebot son falsas, son las líneas rojas que impone el correísmo. Por supuesto, son unas líneas rojas pletóricas de humanismo y amor: no al hambre, no a la miseria y a que solo unos pocos se beneficien del progreso, no a las privatizaciones, no a la regresión de derechos. Nuestro apoyo a Noboa, dijo la excandidata Luisa González, va “en pro de gobernar en paz para 18 millones de ecuatorianos”. Snif. Qué significa eso, exactamente, es algo que lo decidirán ellos llegado el momento y para cada caso.

Política y negocios

Que el nuevo aeropuerto de Guayaquil en Daular (sueño largamente acariciado por el socialcristianismo por sus grandes posibilidades de lucrativos negocios) no es una prioridad para la ciudad, había dicho Aquiles Álvarez cuando llegó a la Alcaldía. De pronto, con un ‘timing’ sorprendente en relación con la agenda política, cambió de opinión. ¿Es una casualidad que esto ocurra precisamente en la misma semana en que propone al gobierno un pacto tripartito en la Asamblea.