Hacer de las amnistías “un micro pacto de la Moncloa”, propuso Fernando Villavicencio. Tomarlas como punto de partida “para pacificar el país, para que vuelva la calma”, auguró Mario Ruiz, disidente de Pachakutik que actuó como ponente del informe debido a la reconocida nulidad parlamentaria del presidente de su comisión, Fernando Cabascango. Hasta la más beligerante de las correístas, Victoria Desintonio, invocó las palabras pronunciadas por el presidente Guillermo Lasso en su ceremonia de investidura, a la que no asistió, sobre el fin de las persecuciones políticas. Por un irrepetible momento (los casi 60 minutos que duró el debate, de tres a cuatro de la madrugada aproximadamente) el Pleno de la Asamblea fingió reconciliación. No hacía 24 horas que sus integrantes se sacaban los ojos. No pasarán otras 24 y volverán a hacerlo. Ahora tocaba aprobar las 268 amnistías, incluidas las de un grupo de golpistas, porque estaba acordado. Así se hizo, con 99 votos a favor, incluidos los de 13 integrantes de la gobiernista Bancada del Acuerdo Nacional y siete de la Izquierda Democrática. Los inconformes se callaron. Nadie desentonó.

Claro que hubo críticas, pero no pasaron de un saludo a la bandera. Guido Chiriboga, de CREO, expresó lo que medio país tenía en mente: “Han metido más de 200 casos en una sola canasta”, dijo; pidió diferenciar entre “la gente que cometió crímenes contra propiedades y personas, y la gente que hizo algún tipo de lucha social”; y propuso: “separemos los casos y votemos por cada caso”. ¿Lo propuso? No, en realidad. La misma presidenta Guadalupe Llori, en la mañana del miércoles, había abierto la posibilidad de debatir y votar las amnistías por grupos según su origen (los procesados por administrar justicia indígena, los defensores del agua, los sublevados de octubre de 2019, etc.) pero, llegado el momento, nadie (Guido Chiriboga tampoco) presentó una moción para hacerlo así. Sin que nadie haga el menor intento por evitarlo, las 268 terminaron votándose en plancha: sí o no a todas.

He ahí la mayor sorpresa de la jornada: que el sistema de votación, sobre el que tanto se habló en los días previos, no fuera siquiera objeto de debate por el Pleno. En un día en que se jugaron temas tan importantes en la Asamblea, como el futuro de la ley tributaria del gobierno, la consolidación o desactivación de la nueva mayoría y la permanencia de Guadalupe Llori en su cargo de presidenta (no apta para cardiacos fue la larguísima jornada parlamentaria del miércoles), todo parece indicar que las amnistías entraron también a la mesa de negociación política.

Consciente de que octubre de 2019 era el nudo crítico del informe, el ponente Mario Ruiz se había esforzado por minimizarlo: hizo notar que sólo el 20 por ciento de las amnistías correspondían a personas involucradas en esos hechos, de las cuales menos de la mitad estuvo en Quito. Esta aclaración no solicitada lo delata: Ruiz se sentía obligado a hacerla porque sabía que los hechos ocurridos en Quito en octubre de 2019 podían comprometer el informe. Curiosamente, sus cifras pasaron a segundo plano, Octubre ocupó el centro del escuálido debate que tuvo lugar la madrugada del jueves y la Asamblea terminó decidiendo que en esa fecha, en Quito, no pasó nada.

“No hay de qué pedir perdón”, clamaba el ex-Pachakutik Bruno Segovia, que disfruta de la posición de criticar a los correístas y votar con ellos hasta en defensa de Yachay. Por eso, y porque amnistía significa perdón, casi quería votar en contra. Apoyó con reservas, sólo “porque hay compañeros presos”. Pero la verdad es esa: nada ocurrió en octubre.

Así, el resultado es el que el correísmo y la Conaie de Leonidas Iza esperaban: finalmente se impuso, de forma oficial, la versión sobre los hechos de octubre de 2019 que ellos vienen defendiendo desde entonces, a saber: que no hubo intento de golpe de Estado; que no hubo hechos de violencia por los que manifestante alguno deba responder; más aún: que cualquier intento por encausar a los líderes del levantamiento por delitos como secuestro, destrucción de bienes públicos, boicot de infraestructura estratégica o lo que fuera, no es sino un caso de “hostigamiento, acoso y criminalización”; porque el Estado es el único culpable de todo lo ocurrido y la represión fue “de una magnitud no vista desde la vuelta a la democracia”, como dijo Victoria Desintonio. El informe que aprobó la Asamblea contiene manipulaciones tan groseras como la que se hace con respecto a los hechos del teatro Ágora de la Casa de la Cultura, que son de dominio público. Por supuesto, el informe niega que ahí se perpetrara un secuestro de periodistas y policías. De hecho, a los periodistas ni los menciona, y de los policías (que fueron llevados a la fuerza) dice que “irrumpieron” en ese lugar “determinado como zona de paz”.

Esta versión se sometió a votación en el Pleno de la Asamblea y no hubo una voz, ni una sola, que se levantara para desmentirla. En ese silencio y esa manipulación se basa la reconciliación de las amnistías.

La sesión más larga del año

13 horas seguidas sesionó el Pleno de la Asamblea, entre las tres de la tarde del miércoles y las cuatro de la mañana del jueves 10 de marzo. El tema de las amnistías era el último punto del orden del día y empezó a tratarse a las ocho y media de la noche, con la lectura del informe de 354 páginas. Seis horas tardaron los secretarios en despacharlo.