Él estuvo ahí. Alberto Acosta fue ministro de Energía y Minas y revisa junto a EXPRESO las fallas que se cometieron.

¿Cómo evalúa al Gobierno en el sector petrolero?

Los planes iniciales para poner en marcha un sistema energético integrado y dinámico fracasaron. Para comprobar esa aseveración bastaría revisar lo ejecutado con lo propuesto en el Plan de Gobierno de Alianza PAIS 2007-2011, elaborado con una amplia participación ciudadana en el 2006.

Recuérdese que por la inoperancia del Gobierno, en un escenario muy complejo heredado de las administraciones anteriores, no se pudo obviar un anticipado racionamiento de electricidad que lo sufriríamos en 2009-2010. Y de allí en adelante la ausencia de una adecuada planificación, sumada a la improvisación, sería casi la norma. Inclusive la división del Ministerio de Energía y Minas, ejecutada por capricho del presidente Correa, rompió la posibilidad de un manejo integral del sector.

¿Qué cambios facilitaron la asignación de contratos sin licitación? ¿Es perjudicial?

Sin negar lo complejo que era el manejo del sector energético con el marco jurídico que existía a inicios del actual Gobierno, no es menos cierto que la discrecionalidad provocada por la situación de emergencia permanente se transformó en el terreno propicio para la improvisación y la corrupción. Las denuncias que afloran en la actualidad serán apenas la punta del iceberg: ¿cuál será la verdadera situación si consideramos que el presidente Correa tiene metida su mano en la justicia, como él mismo lo dijo?

¿Cómo se afecta a la imagen del Ecuador, como país petrolero, con la supuesta corrupción?

La corrupción en cualquier ámbito es un lastre para un país. Pero mucho más grave es que a pesar de las denuncias formuladas no haya investigaciones y sanciones: la impunidad agrava la situación. Y esta situación se vuelve aún más dramática cuando se persigue judicialmente a quien denuncia, como es el caso de Fernando Villavicencio, mientras que algunos implicados notables pueden desaparecer de la escena nacional sin ninguna acción de la Fiscalía.

Hasta ahora se ha señalado a exgerentes. ¿Cree que existe alguna responsabilidad, al menos política, de los supervisores de los sectores estratégicos?

No es un tema de creencias. Al desaparecer el Ministerio de Energía se desarmó la posibilidad de un manejo integrado del sector energético. Al no haber una acción real de la Contraloría y la Fiscalía la corrupción pudo hacer su agosto. El Ministerio de Sectores Estratégicos fue desbordado por la realidad. Y de allí surgió la necesidad para que el actual vicepresidente asuma la tarea de coordinar las actividades petroleras y energéticas. Él es, entonces, el responsable directo de lo sucedido y, por ende, también el presidente de la República. Por lo que sería deplorable que Jorge Glas “se libre” de asumir sus responsabilidades si continúa como vicepresidente en un posible correísmo sin Correa.

¿Fallaron los sistemas de control y fiscalización?

Eso es evidente. También falló la planificación. Durante el correísmo el control y la fiscalización han brillado por la ausencia.

Hay denuncias de incremento de costos en las obras estrella, eso podría dar cabida a sospechas de corrupción?

Ya no son solo sospechas. Hay argumentos para demostrar la corrupción. Funcionarios del más alto nivel del régimen lo han reconocido públicamente. Y ese tema de los sobreprecios está presente también en el subsector eléctrico, por ejemplo en la construcción de las plantas hidroeléctricas, tal como lo ha demostrado Arturo Villavicencio en varios de sus estudios.

¿Qué debería hacer el próximo presidente para solucionar los inconvenientes?

Un paso fundamental es constituir una comisión ciudadana totalmente independiente de cualquier instancia gubernamental para investigar todas las contrataciones en el subsector petróleo y en el subsector eléctrico, y en otros sectores, así como en la contratación de deuda externa. En esta comisión no debería participar nadie que haya sido funcionario público, haya tenido contrato con el Estado o haya sido elegido por el voto popular en los últimos diez años.

Luego se precisa una visión estratégica del sector energético con el fin de corregir los errores e impulsar su modernización, que no puede confundirse, de ninguna manera, con su privatización. Y, por cierto, es urgente tomar las medidas oportunas para empezar a transitar hacia una economía pospetrolera, empezando por detener las actividades petroleras en el ITT, en donde la vanidad e incapacidad del presidente impidieron cristalizar esa propuesta tan maravillosa como es la de dejar el crudo en el subsuelo, que fue propuesta desde la sociedad mucho antes del inicio del correísmo.