El suspenso se mantiene. La decisión sobre el pedido de sanción al presidente y vicepresidente de la República, Rafael Correa y Jorge Glas, por un presunto delito electoral deberá esperar.

La jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricia Zambrano, pidió tiempo para valorar las pruebas de cargo y de descargo entregadas ayer en la audiencia pública que se cumplió en Quito.

En la diligencia, que duró cerca de cuatro horas, la jueza escuchó a las partes. La acusación fue del asambleísta alterno de CREO, Henry Llanes. Él asegura que hubo un supuesto uso de recursos públicos en la transmisión de la V Convención de Alianza PAIS. A la audiencia no asistió ninguno de los acusados, sino solo sus abogados.

Ellos, cinco en total, en principio pusieron en duda la actuación de la jueza. Dijeron que Zambrano no era competente para llevar la causa. Argumentaron que el presunto delito solo podía ser considerado como tal en periodo electoral.

“La convención de PAIS se cumplió el 1 de octubre y la convocatoria a elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) se realizó el 18 de octubre, por tanto, es improcedente que se haya calificado la acusación”, explicó Vicente Peralta, abogado del presidente y vicepresidente.

Señaló, además, que no se ha comprobado el uso indebido de recursos públicos o dinero del Estado para la transmisión de la convención.

¿Quién financió el acto y la transmisión? Peralta aclaró que fue programado por el partido de Gobierno, con sus recursos y que fue PAIS quien “pagó”, sin decir el monto, la transmisión satelital a la que los canales, que están siendo acusados, se engancharon a la señal para transmitirla.

El abogado del canal público Ecuador TV, Walter Enríquez, argumentó que se realizó la cobertura de un hecho noticioso, en el que participaron las principales autoridades del Gobierno. Y fue más allá: descalificó al acusador. Aseguró que con la denuncia, lo único que busca es utilizar a la justicia electoral para un tema político.

A su turno, Llanes insistió en que el presidente de la República hizo mal uso de los bienes públicos, lo que se convierte en una infracción electoral.

“Lo que ocurrió en el estadio del Aucas fue una violación flagrante de la ley”, sostuvo. Pidió a la jueza que aplique la sanción que determina el Código de la Democracia: esto es, la destitución y multa por la infracción electoral cometida.