La expectativa es alta. Luego de una semana de paralizaciones, enfrentamientos y actos vandálicos y delictivos, el gobierno del presidente Lenín Moreno espera que lo peor haya pasado y que todo, de a poco, vuelva a la normalidad. No obstante, tomará precauciones. Las clases, solo en el régimen Sierra, quedarán suspendidas hoy, hasta segunda orden.

Y si las irregularidades siguen, reforzará los operativos policiales, militares y de control de precios para sancionar y ejecutar el plan económico anunciado el martes pasado que no tiene otro fin, han dicho, que superar la crisis económica del país.

El Ejecutivo no está dispuesto a permitir el caos y para ello tiene a 40.000 militares en las calles y una cifra similar de policías, dispuestos en sitios clave.

Las amenazas de la alteración de la paz social provienen, entre otros, de movimientos como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Federación Ecuatoriana de Estudiantes Universitarios (FEUE), que han anunciado retomar las protestas luego de un fin de semana en silencio. Los dirigentes universitarios, por ejemplo, confían en que sectores como la Universidad Central, en Quito, tengan constantes marchas para interrumpir las labores de la ciudadanía en la capital y forzar a la eliminación del Decreto Ejecutivo que liberó el precio de la gasolina extra y el diésel. Dichos derivados de crudo se comercializan con normalidad y con los nuevos precios.

Junto con los sindicatos, cuyos líderes tuvieron poca o nula actividad en el fin de semana, los universitarios organizan una gran movilización nacional para el miércoles. No han especificado rutas ni ciudades, pero aseguran que cubrirán varias provincias.

El plan sindical tiene un inconveniente. Su anunciado paro se realizará en medio de un estado de excepción, que prohíbe las concentraciones y reuniones. Los voceros de la administración de Moreno ratificaron que respetarán los derechos de los grupos a manifestarse, pero que actuarán en casos de vandalismo y alteración del orden.

En las protestas anunciadas estarán, además, grupos ambientalistas como Yasunidos. Esa voz llama la atención porque los colectivos se oponen a la eliminación del subsidio a combustibles contaminantes. Es decir, los ambientalistas solicitan que se abaraten los precios de productos que perjudican al medioambiente. Una contradicción que aún no ha sido justificada.

Una línea similar manejan los indígenas. Ellos anunciaron el sábado que declaran su propio estado de excepción para retener a los uniformados que impidan el cierre de carreteras y su avance hasta la capital. De hecho, hasta el cierre de esta edición, grupos de las nacionalidades retuvieron a militares en Chimborazo y Cotopaxi.

No es un acto violento. Los militares retenidos cuentan con las garantías para su bienestar, pero no son liberados hasta que las autoridades del Gobierno dialoguen con los dirigentes de la Conaie y den marcha atrás en la eliminación de la subvención que cuesta más de $ 1.400 millones al año. El Gobierno ha dicho que no dará marcha atrás.

Con todos esos frentes abiertos, el único que parece parcialmente superado es el de los transportistas. Ellos suspendieron su paralización de actividades el viernes y quedaron a la espera de una revisión de tarifas para su circulación. Ese punto avanzó, el sábado, con la fijación de hasta 10 centavos para la elevación de los pasajes de transporte urbano, que dejarán las tarifas de entre 25 y 40 centavos. La fijación del tarifario es responsabilidad de cada municipio, pero no todos están dispuesto a asumirlos.

Ciudades como Quito ya están en sintonía con la propuesta de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El martes, los integrantes del Concejo Metropolitano de la capital abordarán el tema. Extraoficialmente se conoce que se discutirá un pasaje urbano de 35 centavos. Uno de los más económicos del país.

El saldo de la jornada de ayer: una persona murió atropellada durante protestas.