Con el diagnóstico de la situación carcelaria del país, el gobierno del presidente Guillermo Lasso anunció las primeras acciones para superar la crisis que, en lo que va del año, ha dejado más de 100 reos asesinados.

El compromiso es la entrega de alrededor de 75 millones de dólares al Sistema de Rehabilitación Social que permitirá, en los próximos cuatro años, cumplir con objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Los primeros resultados no serán inmediatos aclaró Fausto Cobo, director del Sistema Nacional de Atención Integral (SNAI), se verán en los próximos seis meses.

¿La razón? “Nos hemos encontrado con una situación precaria, caótica, peligrosa, anárquica y eso es muy grave para el país. Intentar analizar el problema exclusivamente penitenciario sin tomar en cuenta el tema nacional, es un error”, señaló el funcionario ayer en la Presidencia de la República.

Insistió en que no se trata de un tema de coyuntura. Obedece a una acumulación en el tiempo de varios años de desaciertos que han llevado al país a enfrentar la crisis estructural. Es por eso que no existe una solución en horas o en días, dijo.

Reconoció que la amenaza de posibles amotinamientos persiste y destacó la labor que cumple la Policía y las Fuerzas Armadas, especialmente en cárceles como la de Cotopaxi en la que el mes pasado se produjo un amotinamiento que dejó 19 reos asesinados y alrededor de 150 fugados de los cuales aún faltan 22 por recapturar.

Pero la intervención en las cárceles no será aislada, será integral. Habrá participación de los ministerios del sector social para la rehabilitación de los presos, anunció Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos. Se buscará con Salud atender a menores de hasta 36 meses que viven con sus madres en los centros.

Los recursos irán principalmente para atender infraestructura, tecnología, seguridad y talento humano. Se apunta también al trámite de los beneficios carcelarios para reducir el hacinamiento y mejorar la clasificación de los reos de acuerdo a los niveles de seguridad. Se buscará la readecuación y redistribución de la infraestructura para garantizar condiciones de habitabilidad. Cobo anunció la construcción de pabellones en donde sea posible y la adecuación de las áreas de máxima seguridad.

Itania Villarreal fue la directora del expenal García Moreno cuando este aún funcionaba en el centro histórico de Quito. Considera que el plan es importante dentro de los ejes de intervención. Explica que eso permitirá recobrar la institucionalidad del SNAI, la gobernabilidad administrativa, la seguridad y el control de los centros con implementación de sistemas tecnológicos de seguridad, que suplen el factor humano.

Indicó que el anuncio de la selección y reclutamiento de 1.000 agentes de seguridad penitenciaria es positivo ante el déficit actual de alrededor de 3.000 guías que se necesitarían en las cárceles para la vigilancia de alrededor de 39.000 presos distribuidos en más de 35 centros. Solo en Cotopaxi existirían más de 6.000 presos en una cárcel con capacidad para poco más de 4.000.

Villarreal señaló que los recursos servirán además para la infraestructura que fue atacada y destruida a fin de contar con espacios propicios para el normal desarrollo de las actividades administrativas y de seguridad, que es fundamental.

Cobo también analiza un convenio con la Escuela Politécnica y las Fuerzas Armadas para que, a través del servicio militar voluntario, se seleccione al personal idóneo que conformaría el Cuerpo de Agentes Penitenciarios. Con esto también se optimizan recursos y se logra austeridad, manifestó.

Centro regional

Cotopaxi con cambios a la vista

La situación del centro carcelario de Cotopaxi, los amotinamientos, las fugas de reos que afectan a las comunidades cercanas, la reactivación económica, fueron parte de los temas analizados en la Asamblea Provincial efectuada el lunes 16 de agosto.

Jorge Guamán, prefecto de la provincia, señaló que se conformaron tres comisiones que deben presentar un informe el 30 de agosto sobre reformas, un procedimiento para la desconcentración de la cárcel, propuestas de reactivación económica y servicios básicos. La Asamblea se declaró en sesión permanente. Hay también una comisión que elaborará una propuesta para remitir al presidente con las alternativas.

El detalle

Incidentes. En Quevedo se produjo el último motín carcelario que dejó seis presos asesinados.