Subsidio al transporte urbano
Fin de subsidio al transporte urbano avanza sin apuro en el Municipio de Quito
El gremio advierte que sin apoyo ni ajuste tarifario podrían disminuir la flota y las frecuencias. El alcalde analizará la situación hasta mediados de mayo

Mantener la tarifa de 0,35 centavos es insostenible, aseguran los transportistas. El incremento del diésel e insumos generó un fuerte impacto.
Lo que debes saber
- Compensación estatal termina en abril y pone en riesgo la operación del transporte urbano en Quito.
- Transportistas advierten recortes desde mayo si Municipio y Gobierno no definen medidas.
- Municipio analizará tarifas entre el 1 y 15 de mayo pese al aumento de costos del diésel.
A pocos días de que termine la compensación estatal al transporte urbano tras la eliminación del subsidio al diésel, el sistema de movilidad en Quito atraviesa un escenario marcado por la incertidumbre. Mientras el gremio advierte posibles afectaciones en la operación, el Municipio aún no define una hoja de ruta sobre tarifas ni sostenibilidad financiera.
Compensación al transporte vence en abril sin una decisión clara
El decreto del Gobierno estableció un período de ocho meses de compensaciones, plazo que concluye en abril.
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Sin embargo, a una semana de ese vencimiento, no existe una definición oficial sobre su ampliación.
Aunque desde el Ejecutivo se ha mencionado la posibilidad de extenderla uno o dos meses, los transportistas aseguran que no cuentan con una confirmación formal.
Gremio advierte reducción gradual del servicio
Representantes del sector han alertado que, sin una solución conjunta entre el Gobierno central y el Municipio, la operación podría disminuir.
Luis Haro, presidente del Corredor Norte, explicó que el sistema genera en promedio 200 kilómetros diarios de circulación, cifra que podría reducirse si no hay respuestas.
Esto implicaría dosificar flotas y ampliar intervalos entre unidades.

El principal cuestionamiento a los transportistas es la calidad del servicio. Correteos y maltrato al usuario son frecuentes en los buses.
Costos operativos presionan al sistema de transporte
El aumento sostenido de los costos agrava el panorama. El combustible representa entre el 9% y el 11% de los gastos operativos, mientras que el salario de los conductores pasó de $566 a $740 desde la última revisión tarifaria en 2019.
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A ello se suma el encarecimiento de repuestos e insumos, influido por las tensiones comerciales con Colombia. Transporte descarta paralización, pero anticipa impacto desde mayo.
Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, señaló que a partir del 15 de mayo no se trataría de una paralización, sino de la imposibilidad de cubrir el 100% del servicio.
Asegura que el objetivo no es trasladar el impacto al usuario, sino avanzar hacia una tarifa técnicamente sostenible y socialmente justa, con posibles mecanismos de compensación municipal.
Municipio posterga decisiones hasta mediados de mayo
Pese a la urgencia planteada por el gremio, el Municipio mantiene una postura cautelosa.
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El alcalde Pabel Muñoz indicó que el análisis interno se realizará entre el 1 y el 15 de mayo, y que recién después se retomarán conversaciones sobre tarifas, calidad del servicio y la implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR).
Este cronograma abre la posibilidad de que las decisiones finales se posterguen hasta finales de mayo, período en el que, según el gremio, se sentirá el impacto real del retiro de la compensación.
Debate se traslada al modelo de gestión del transporte
Desde la Secretaría de Movilidad, Álex Pérez señaló que el debate no debe centrarse únicamente en el alza del pasaje, sino en la transformación del modelo de gestión del transporte público.
La propuesta apunta a un esquema financieramente sostenible, con mayor eficiencia y transparencia, apoyado en el recaudo electrónico.
Situación
Ordenanza vigente plantea cambios que no se aplican
El Observatorio de Movilidad recuerda que desde 2020 está vigente una ordenanza que crea un fondo para financiar el transporte público y propone pagar a los operadores según estándares de servicio, kilómetros recorridos y número de pasajeros.
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Sin embargo, este modelo no ha sido implementado en más de cinco años, un retraso que, según expertos, responde más a decisiones políticas que a limitaciones técnicas.
Mientras tanto, el corto plazo sigue siendo el mayor desafío: los transportistas advierten que a partir de la segunda quincena de mayo el sistema podría no contar con los recursos suficientes para operar con normalidad.