En Quito, las casas patrimoniales ceden ante la humedad y el abandono

Aunque las lluvias han dado una pequeña tregua a Quito, la alerta se mantiene. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inhami) advierte que abril y mayo traerán precipitaciones más intensas, lo que podría agravar un problema que ya deja huella en la capital: el deterioro y colapso de viviendas patrimoniales.

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Durante el primer trimestre de 2026 se han registrado 322 incidentes vinculados a las lluvias. Solo hasta mediados de marzo se reportaron más de 60 emergencias, principalmente por inundaciones, movimientos en masa, caída de árboles y colapsos estructurales. 

Dentro de este último grupo, 27 viviendas han sufrido afectaciones, de las cuales cinco son patrimoniales, detalla Patricia Carrillo, directora de Gestión de Riesgos.

Estas edificaciones, muchas construidas con materiales tradicionales como adobe y madera, presentan una alta vulnerabilidad frente a la humedad. “Son estructuras antiguas que absorben el agua y, al estar asentadas sobre suelos saturados, pierden estabilidad”, explica la funcionaria. En los cinco casos identificados, los daños han sido severos, con desplomes de muros y riesgo de colapso total.

Uno de los casos más críticos ocurrió en el sector de La Tola, donde cuatro personas quedaron atrapadas tras el desplome parcial de una vivienda. En otro evento en la misma zona, una familia fue evacuada ante el peligro inminente de derrumbe.

Sin embargo, desde el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP), su director Milton Chávez advierte que el problema es más amplio. Aunque la Secretaría de Riesgos ha intervenido en cinco casas patrimoniales con daños mayores, el IMP registra al menos 12 alertas en este tipo de inmuebles en lo que va del año, con distintos niveles de afectación.

Casas abandonadas, uno de los problemas 

“Se trata en su mayoría de viviendas privadas abandonadas o en condiciones de descuido, donde la humedad ha generado deterioros progresivos”, señala Chávez. La falta de mantenimiento, sumada a las lluvias, acelera el desgaste estructural.

Vecinos de La Tola recuerdan el colapso de una de estas viviendas en enero. Vilma Cayambe, comerciante del sector desde hace dos décadas, relata que el estruendo fue alarmante. “No era la primera vez que pasaba. Hace dos años hubo un colapso parcial, pero el de enero fue mucho más fuerte”, comenta.

Ante el riesgo, los moradores recolectaron 200 firmas para solicitar la demolición del inmueble. Pero el pedido no prosperó debido a su condición de bien patrimonial. “La dejaron apuntalada, pero todos tenemos miedo de que se caiga. Ahora solo la fachada la sostiene”, dice Cayambe, quien además alerta sobre la falta de iluminación e inseguridad en la zona.

Su preocupación es compartida por Hugo Villamar, comerciante de la calle Chile, quien cuestiona la lentitud en las intervenciones definitivas. “Hay más casas en las mismas condiciones, sobre todo de adobe y abandonadas. Entendemos el valor patrimonial, pero también hay un riesgo real”, sostiene.

En sectores como San Blas, San Sebastián, La Loma y La Tola se concentra la mayor cantidad de emergencias de este tipo. En San Sebastián, por ejemplo, una vivienda colapsada permanece abandonada desde hace más de cuatro años. Los vecinos denuncian que el lugar se ha convertido en foco de inseguridad y consumo de sustancias, sin que se puedan tomar acciones directas por su estatus legal.

Limitada acción en predios privados

Chávez explica que uno de los principales obstáculos es la naturaleza privada de estos bienes. “Muchos son herencias no regularizadas, lo que dificulta cualquier intervención. El IMP no puede ingresar sin autorización”, afirma. Aunque se emiten notificaciones a los propietarios, la respuesta es limitada.

El funcionario menciona que existen programas de apoyo para la recuperación de inmuebles patrimoniales, que incluyen asistencia técnica y financiamiento. Estos planes permiten intervenir fachadas, cubiertas e instalaciones, con subsidios que cubren entre el 40% y 60% del costo total, que se puede pagar hasta en 10 años sin intereses.

No obstante, la acogida ha sido desigual. En el caso de la vivienda colapsada en La Tola, el inmueble fue notificado desde 2024, pero su antiguo propietario, y el actual, no optaron por ningún programa, incluso después del colapso casi total.

“El mayor error es pensar que se puede dejar caer un bien patrimonial para construir algo nuevo. Eso conlleva sanciones penales”, advierte Chávez. Mientras, asegura que el IMP mantiene monitoreo sobre otros inmuebles en riesgo, aunque reconoce que su margen de acción es limitado.

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