
Sanciones de la SOT llevan al Municipio de Quito a auditar a entidades colaboradoras
En lo que va de 2026, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial ha sancionado tres veces al Municipio
En los primeros tres meses de 2026, la gestión urbanística en Quito ha sido cuestionada tras la imposición de tres sanciones por parte de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT). Las observaciones también abren un nuevo frente: la revisión interna y auditoría a entidades colaboradoras del Municipio.
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El primer caso se relaciona con la restitución de una licencia metropolitana urbanística de edificación (LMU20) en un predio de Bellavista, en el norte de la ciudad, pese a advertencias técnicas y prohibiciones normativas. La decisión fue considerada irregular por el organismo de control.
La segunda sanción corresponde a la emisión de una licencia urbanística en el núcleo histórico de Guápulo. Según el análisis técnico de la SOT, el permiso permitió la construcción de una edificación de tres pisos en una zona caracterizada por edificaciones de baja altura, lo que afectaría la armonía del entorno patrimonial.
El tercer señalamiento tiene que ver con el incumplimiento en la actualización y envío de datos al Catastro Nacional Integrado Georreferenciado, una infracción catalogada como grave por la SOT.
Frente a este escenario, el alcalde Pabel Muñoz anunció que se prevé una reunión con el director de la entidad del Gobierno y defendió la necesidad de fortalecer los controles internos.
Auditorías y multas
Aseguró que, por primera vez, su administración ha impulsado auditorías a dos entidades colaboradoras encargadas de procesos de autorización y licenciamiento, incluso con la imposición de sanciones y multas.
“Debemos ser rigurosos en el control”, señaló, al remarcar que las entidades delegadas también deben ser supervisadas, ya que el Municipio responde ante organismos de control nacional. Según explicó, la delegación de funciones es válida, pero debe ir acompañada de mecanismos de fiscalización efectivos.
Los casos de Bellavista y Guápulo
En relación con el caso de Bellavista, Muñoz aclaró que la reactivación de la licencia no ocurrió en su administración y sostuvo que, de existir irregularidades en la emisión del permiso, estas deben ser investigadas.
Sobre Guápulo, indicó que la aprobación fue realizada por la Comisión de Áreas Históricas del Concejo Metropolitano, conformada por tres miembros, quienes votaron a favor del proyecto. Además, recordó que en ese proceso participan instancias técnicas y la entidad colaboradora.
De lo que conoce, dijo, se revisaron los permisos entregados y no hay ningún problema, sin embargo, recalcó que acatarán las disposiciones de la entidad del Gobierno.
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