Centro Histórico de Quito: rayones y robos impulsan nuevas sanciones
Daños en patrimonio de Quito generan presión por sanciones más duras. El Concejo deberá tratar en segundo debate
Rayones con pintura en aerosol sobre fachadas, daños en pisos, robos de piezas y afectaciones a monumentos forman parte de un escenario recurrente en el Centro Histórico de Quito, donde en múltiples ocasiones se han denunciado actos vandálicos que comprometen los bienes patrimoniales.
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Proyecto de ordenanza contra vandalismo patrimonial
Este problema volvió a ponerse en evidencia tras las movilizaciones del pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuando varios puntos del casco histórico registraron intervenciones que generaron preocupación ciudadana.
Ante estos hechos, un equipo técnico del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) realizó un recorrido de inspección para evaluar el estado del espacio público. El levantamiento determinó que los principales daños correspondían a rayones con pintura en aerosol en fachadas y superficies, considerados de carácter menor y sin afectación estructural a los bienes patrimoniales.
En varios casos, estos rayones fueron retirados mediante técnicas de limpieza especializada, mientras que en otros se aplican procesos progresivos de restauración, especialmente en materiales como piedra y madera. Sin embargo, la reiteración de estos hechos ha generado cuestionamientos por parte de la ciudadanía respecto a las acciones para sancionar a quienes provocan daños en el patrimonio.
En este contexto, el Concejo Metropolitano de Quito analiza un proyecto de ordenanza que busca establecer sanciones administrativas por la destrucción de bienes públicos patrimoniales y del mobiliario urbano ubicado en áreas históricas.
El concejal Ángel Vega, integrante de la Comisión de Áreas Históricas, explicó que la propuesta no se limita a los actos registrados durante manifestaciones, sino que pretende abordar, de manera general, las intervenciones no autorizadas sobre bienes patrimoniales.
Manifestó que la ausencia de una normativa específica ha permitido que estos hechos queden sin consecuencias, por lo que la ordenanza busca corregir esta situación mediante sanciones claras.
Vega también hizo referencia a los recientes episodios ocurridos durante marchas, en los que resultaron afectados espacios como la Plaza de Santo Domingo. A su criterio, si bien las manifestaciones responden a demandas legítimas, no deben derivar en actos que dañen el patrimonio de la ciudad.
Estrategias para conservar el patrimonio de Quito
Por su parte, la edil Sandra Hidalgo señaló que no es posible justificar los daños a los bienes patrimoniales. Indicó que se ha incorporado un régimen sancionador con una multa de 10 salarios básicos unificados, equivalente a 4.800 dólares; y que en caso de reincidencia, la multa se duplicaría. Además, la normativa contempla una campaña comunicacional y de prevención.
Karina Núñez, directora de ejecución de proyectos patrimoniales del IMP, enfatizó que el enfoque institucional no se centra en catalogar estos hechos como daños derivados de protestas, sino en garantizar el mantenimiento permanente del espacio público. Según indicó, el Instituto ejecuta un programa continuo que incluye el cuidado de mobiliario urbano, calzadas, iluminación y piletas, tanto en el Centro Histórico como en otras zonas patrimoniales del Distrito.
Núñez precisó además que las manifestaciones sociales forman parte del uso legítimo del espacio público y no deben considerarse, en sí mismas, una afectación al patrimonio.
Robos de piezas patrimoniales en el Centro Histórico
Sin embargo, distinguió estos eventos de hechos concretos como el robo de elementos de monumentos, el cual sí constituye un delito y puede derivar en procesos legales. También aclaró que acciones como hacer grafitis son atendidas dentro de los planes regulares de mantenimiento.
En términos de inversión, el Instituto destina alrededor de un millón de dólares anuales al mantenimiento del patrimonio en Quito, que cuenta con más de 8.000 bienes inventariados, de los cuales cerca de 5.000 se ubican en el Centro Histórico. Este esfuerzo busca preservar no solo edificaciones, sino también espacios públicos que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.
Desde la sociedad civil, Pablo Buitrón, coordinador de una agrupación de defensa del Centro Histórico, considera que la propuesta de ordenanza es necesaria y oportuna, siempre que su aplicación sea efectiva. Señala que el problema no radica únicamente en las marchas, sino en el deterioro constante y en la falta de sanciones frente a daños y robos, incluyendo la sustracción de materiales como el cobre.
Buitrón advierte que sin mecanismos claros de control y sanción, la normativa podría quedarse en el papel. Asimismo, plantea la necesidad de definir con precisión a quiénes se responsabilizará por los daños: si a los autores directos o a quienes convocan las movilizaciones. También cuestiona la reiterada justificación de que los daños provienen de infiltrados, insistiendo en la importancia de asumir responsabilidades claras.
