Sin una señalización que delate su ubicación en un callejón del caso histórico colonial de Quito, la Casa de la Mujer es un inmueble patrimonial rehabilitado que refugia a mujeres y a sus hijos menores de 12 años en el país con el mayor índice de tolerancia a la violencia machista de la región y donde 65 de cada 100 mujeres la ha sufrido en alguna de sus formas.

Desde que abrió sus puertas el 29 de enero pasado, este hogar para supervivientes de la violencia machista ha recibido a 55 mujeres y un número similar de menores, y no ha dejado de operar un solo día. Hoy acoge a siete con sus trece hijos.

“El 41 % son personas en situación de movilidad humana, de Venezuela, Colombia, EE.UU., Bolivia, Honduras, Argentina…, y el 90 % viene con niños“, explica a Efe la coordinadora del refugio, Carmen Elena Hermosa.

Lo hace junto a un círculo de plantas en un pequeño patio de la estancia, que simboliza ese ciclo de dependencia emocional y económica difícil de romper para la mayoría de las víctimas y sobrevivientes.

En la casa de acogida la primera contención emocional la brindan trabajadoras sociales y psicólogas, que establecen un plan de emergencias que incluye tratamiento médico y asesoría legal.

La pandemia ha obligado a protocolos de doce días en un área de aislamiento, como le ocurrió a una de las víctimas que, al dar a luz, se contagió del coronavirus y, al regresar del hospital, tuvo que permanecer separada en ese cuarto especial junto a sus cuatro hijos.

MALTRATO ECONÓMICO, PSICOLÓGICO Y FÍSICO

“Con la pandemia se derrumbó de nuevo mi libertad“, asegura a Efe una madre boliviana refugiada en la Casa de la Mujer.

Sentada sobre la cama de una sobria habitación decorada con algún dibujo infantil colgado en la pared, esta mujer, pongámosle que se llama Alicia, relata con un hilo de voz cómo llegó hasta este refugio hoy convertido en hogar desde hace tres meses.

Gracias a una gestión de la embajada de Bolivia pudo dejar atrás a su expareja y padre de su hijo de un año, con el que mantiene una causa abierta que le impide abandonar Ecuador.

“Estaba quedándome sin dinero, me salí de la casa en la que vivía con mi ex porque me amenazó. Me dijo ‘si no apareces voy por la tarde y me desato, no me importa ir a la cárcel’“, afirma antes de proseguir: “Ahí dije no, este día me tengo que ir”.

Atormentada por un fatal presentimiento, aguardó a que su maltratador saliera y aprovechó “la única oportunidad que tenía, porque no quería que me fuera con mi hijo”. “Me decía ándate, no me haces falta y tampoco le haces falta a mi hijo. Por eso salí, porque corría peligro”.

Aunque su entonces marido no quería que trabajara, cuando su bebé tenía cuatro meses tuvo que dejar al pequeño en manos de otra señora para buscarse el sustento al estar constantemente “sometida al maltrato económico, psicológico y físico”.

Pero la COVID-19 echó todo por tierra y le dio una nueva vuelta de tuerca a su situación.

“Cuando vino la pandemia no podía trabajar, ahí se derrumbó de nuevo mi libertad. Me sentía libre al salir a trabajar y volvía a casa a los mismos maltratos“, lamenta Alicia.

UN NUEVO HOGAR

La ecuatoriana María, de 32 años y de la provincia andina de Imbabura, lleva varios meses viviendo en esta casona junto a sus cinco hijos con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años.

Sometida durante años a vejaciones de todo tipo, su punto de inflexión llegó cuando su expareja agredió a una de sus hijas.

Entonces hizo de tripas corazón y superó la barrera del miedo que le provocaban las amenazas constantes y logró pedir ayuda a la junta cantonal de su localidad, que la derivó al acogimiento.

“Las agresiones fueron físicas, psicológicas y sexuales”, indica esta mujer que viste un jersey rojo con una celosía bordada y que pese a la situación que la mantuvo inmóvil durante demasiado tiempo ha logrado denunciar a su agresor.

Rompe a llorar cuando recuerda lo quebrada que llegó: “No tenía ganas de seguir, las psicólogas me hicieron darme cuenta de que tenía que salir adelante. Primero por amor a mí misma y después por amor a mis hijas. Esta casa es una bendición”.

“Desde el primer día que llegué acá me sentí liberada, alegre, feliz de ver a mis hijos volver a sonreír, jugar y ser niños, lo que nunca pudieron ser con mi ex esposo”, indica María, quien considera vital el empoderamiento que reciben para emprender una nueva vida libre del maltrato.

PEOR AÚN DURANTE LA PANDEMIA

La presidenta del patronato municipal San José, Lilia Yunda, indica que Quito destina anualmente 360.000 dólares para sacar adelante el proyecto, que opera en coordinación con las catorce casas de acogida para víctimas de la violencia machista en todo el país.

“La pandemia ha empeorado la violencia de género. Desde marzo hasta la fecha ha habido 86 femicidios y desde octubre hasta lo que va de noviembre 16 casos a nivel nacional“, refiere la responsable al censurar que esta lacra “no respeta” ni edad, ni clase social, puesto que la víctima mortal de menor edad tenía un año y la de mayor 83.

Coincide con ella la representante de ONU Mujeres en Ecuador, Bibiana Aído, al señalar que “la COVID-19 ha incrementado los índices de violencia de género“.

Las últimas cifras hablan por sí solas: El 66 % de las mujeres durante el confinamiento no se han sentido seguras en sus hogares y el 85 % no han podido dejar esta situación.

En una región donde es la primera causa de muerte entre las mujeres de 15 a 44 años, Ecuador es el país con la mayor tolerancia social al fenómeno, recuerda la exministra española de Igualdad.

“Ecuador es un país pacífico en general y, sin embargo, la mayor violencia se produce en el seno de los hogares. Ese es el rechazo que tendría que tener el conjunto de la sociedad”, concluye.