Usuarios en Quevedo reclaman deudas de agua pese a fallas en el servicio
Deudas que se arrastran por años, coactivas y reclamos por falta de agua de calidad alimentan la indignación ciudadana
La tranquilidad de Juana Solís, una mujer de 78 años que habita en el sector Galo Plaza, en Quevedo, se rompió de golpe con una notificación que parece desproporcionada: una deuda cercana a los 3.000 dólares por un servicio de agua que —asegura— nunca ha sido digno.
“Los cobros son indebidos, aplicados al azar y sin justificación clara”, denuncia la adulta mayor, que hoy enfrenta una cifra que, en la práctica, le resultaría impagable. No es solo un monto: es la sensación de abuso en un sistema que, según su testimonio, no ha garantizado ni calidad ni continuidad.
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Solís no exagera cuando dice que esa deuda la condenaría a trabajar el resto de su vida. Lo que sí queda en evidencia es una desconexión profunda entre lo que se cobra y lo que realmente se entrega.
Su caso no es aislado. El 20 de marzo, los exteriores de la planta de agua de Quevedo se convirtieron en el escenario de una protesta que puso en la calle un malestar acumulado durante años. Decenas de usuarios, convocados por el concejal Leonardo Jiménez, rechazaron los procesos de coactiva por deudas que, en algunos casos, se arrastran desde 2011.
La indignación tiene un punto crítico: hay ciudadanos que aseguran haber sido notificados de cobros sin siquiera contar con conexión al servicio.
Jiménez insiste en que no promueve el no pago, sino algo más básico: justicia. “Estamos con la gente que menos tiene”, dijo, al señalar que muchos usuarios quieren regularizarse, pero no bajo condiciones que consideran arbitrarias.
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Su propuesta apunta a aplicar la prescripción de deudas mayores a cinco años, una salida legal que reduciría significativamente los montos. En términos concretos, una deuda acumulada por 15 años podría limitarse a los últimos cinco, lo que bajaría cifras impagables a valores cercanos a los 300 dólares. También plantea acuerdos de pago con cuotas accesibles.
Pero el problema no es solo cuánto se cobra, sino por qué se cobra. Para el concejal, quienes no reciben el servicio no deberían pagar, una afirmación que pone en entredicho la lógica misma del sistema de facturación.
Desde la otra orilla, el concejal Orlando Barros, presidente del directorio de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Quevedo (EPMAPAQ EP), defiende los cobros con una advertencia: sin ingresos, el sistema no se sostiene.
La empresa arrastra una cartera vencida de 10 millones de dólares y enfrenta gastos mensuales que incluyen unos 65.000 dólares en consumo eléctrico, además de sueldos y proyectos. “Tenemos que cobrar para poder pagar y garantizar el servicio”, sostiene.
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El argumento es claro, pero abre otra pregunta: ¿qué tan sostenible es exigir pagos elevados por un servicio que, según los usuarios, falla de forma estructural?
Barros también cuestiona a Jiménez y lo acusa de generar desinformación entre los más de 700 usuarios que se consideran afectados. Mientras tanto, la recomendación oficial es acudir a oficinas y canalizar reclamos por la vía formal, un camino que muchos perciben lento frente a la presión de las coactivas.
Rechazo civil a los cobros
Las alertas no provienen solo de la política. Cristhian González, de la Asociación de Barrios de Quevedo, advierte sobre posibles abusos en los procesos de cobro, como el bloqueo de cuentas bancarias.
Fanny Burgos, delegada del comité de usuarios, apunta a fallas internas en la gestión de la empresa y recomienda a los afectados buscar asesoría legal para enfrentar las coactivas.
En el fondo, lo que emerge es una crisis más profunda: cortes frecuentes, baja calidad del agua y una ciudadanía que siente que paga por un servicio que no recibe en condiciones adecuadas.
El alcalde Alexis Matute no descarta medidas extremas. Si la situación lo amerita, dice, se podría incluso liquidar la empresa para transformarla en una dependencia municipal, en un intento por recuperar el control y la eficiencia.
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