Justicia indígena, la sanción que espera a los informales en el Mercado Chibuleo
Dirigentes de siete comunidades advierten que aplicarán justicia indígena a quienes no respeten las normas del Mercado.
Antes de las 05:00, el movimiento ya es intenso en Chibuleo, en la parroquia Juan Benigno Vela. Desde distintos puntos, los productores comienzan a llegar al Mercado Intercultural: unos en camionetas contratadas, otros en buses y varios a pie.
Cargan sacos de papas, hortalizas, granos y hierbas que cultivaron durante la semana, con un solo objetivo: vender directamente al consumidor en un espacio que nació para poner orden al comercio en la zona —y mantenerlo a cualquier costo.
Ubicado a unos 30 minutos del centro de Ambato, en la vía que conecta con Guaranda, el mercado reúne cada miércoles a cerca de 300 comerciantes. La mayoría pertenece a las siete comunidades de Juan Benigno Vela: San Miguel Chacapungo, Pataló Alto, San Luis, San Francisco, San Alfonso, San Pedro y la organización Unapuch.
El sitio fue inaugurado hace aproximadamente dos años, luego de que se abandonara la antigua feria del sector del puente, donde predominaban el desorden y el riesgo por el paso constante de vehículos. La infraestructura fue construida por el Municipio de Ambato con financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador, con una inversión superior a los tres millones de dólares.
El espacio abarca 13.482 metros cuadrados y dispone de 280 puestos: 182 para productos y 98 en plataforma para la venta de animales. Además, cuenta con parqueadero para 122 vehículos livianos, 32 pesados y 14 motocicletas.
Cada miércoles ingresan alrededor de 500 automotores. Cada área está bien definida: hay secciones para legumbres, carnes, mariscos, comida preparada, ropa usada y artesanías, e incluso un espacio destinado a comerciantes de la Costa.
Todos los puestos están señalizados en kichwa y español. En la entrada se ubican las vendedoras de hierbas, mientras que en otra zona funciona la feria de ganado mayor.
Orden o consecuencias
Julio César Jerez, presidente del mercado, menciona que el objetivo es fortalecer la economía local y erradicar la informalidad. "Las cosas no funcionan con el desorden. Aquí hay normas que deben cumplirse", advierte.
Sin embargo, reconoce que han detectado comerciantes informales que intentan instalarse sin autorización. Ante esto, los dirigentes establecieron un protocolo de tres pasos: primero dialogan y advierten; si hay reincidencia, decomisan los productos; y si el incumplimiento persiste, aplican justicia indígena. Según Jerez, esta medida busca "hacer entender" a quienes alteran el orden comunitario.
La justicia indígena, reconocida por la Constitución del Ecuador, faculta a las comunidades a resolver conflictos internos según sus propias normas y cosmovisión. En este contexto, su aplicación apunta a disuadir a quienes pretenden operar al margen de las reglas del mercado.
Para algunos comuneros, recurrir a ella es necesario para mantener el orden que tanto les costó construir. Manuel Chango, habitante de San Miguel Chacapungo, sostiene que las reglas deben respetarse porque garantizan igualdad para todos. "No es justo que unos trabajemos organizados y otros quieran llegar a vender sin permiso.
Primero se conversa, pero si no entienden, la comunidad tiene derecho a actuar", afirma. En su criterio, estas medidas no buscan castigar por castigar, sino proteger el esfuerzo colectivo.
Rosa María Toapanta, de la comunidad San Francisco, considera que la justicia indígena forma parte de su identidad y organización. "Aquí nos regimos por acuerdos comunitarios. Si alguien incumple, debe asumir las consecuencias", explica.
Un espacio que sí funciona
Para quienes respetan las normas, el mercado representa una oportunidad concreta. José Sisa, productor, afirma que ahora tiene un lugar fijo para vender sin intermediarios. "Aquí venimos directo con lo que cosechamos", dice. Leticia Pérez, consumidora que viaja desde Ambato cada miércoles, asegura que encuentra productos frescos a buen precio, especialmente la carne de borrego.
La alcaldesa de Ambato, Diana Caiza, ha destacado que estos espacios buscan reducir el comercio informal y reactivar la economía rural. No obstante, aún quedan obras pendientes: el asfaltado del ingreso al parqueadero y la adecuación de áreas para animales menores.
Mientras tanto, la advertencia de justicia indígena sigue vigente como última advertencia para quienes pretendan alterar el orden de este centro de abasto.
Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ
