Unidad Popular analiza denunciar a un consejero del CNE por presunto delito de odio

La dirigencia de Unidad Popular analiza presentar una denuncia contra José Merino, vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), por un presunto delito de odio. Así lo afirmó Natasha Rojas, dirigente de la organización política.

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Observaciones al proceso electoral

Según Unidad Popular, los vocales Diana Atamaint, presidenta del CNE, y José Merino “responden a las órdenes del presidente de la República, Daniel Noboa”. La organización sostiene que ambos han irrespetado la Constitución y el Código de la Democracia.

Flores aseguró que el organismo electoral “ha vulnerado todos los procesos jurídicos establecidos en función de los tiempos”. En ese contexto, afirmó que la organización política se mantiene vigente.

Por ello, la agrupación exige que el CNE garantice la democracia y el derecho a la participación política en el país. A criterio de la dirigencia, Merino incurre en una interpretación errónea del Código de la Democracia.

Interpretación del Código de la Democracia

El 2 de mayo, durante una sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, el funcionario sostuvo que el derecho “evoluciona”. Señaló que la ley ya no solo “manda, prohíbe y permite”, sino que también “organiza, orienta y estructura la actuación de la autoridad”.

Asimismo, Merino indicó que “estamos ante una decisión de fondo: si este Consejo aplica la ley con responsabilidad o si permite que el paso del tiempo se convierta en un refugio para el incumplimiento”. Añadió que se ha intentado convertir el plazo de 120 días, previsto en el artículo 327 del Código de la Democracia, en un “candado absoluto”.

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Señalamientos sobre la cancelación

La dirigencia de Unidad Popular denunció que la eliminación de su registro es extemporánea, pues se resolvió 23 días después del vencimiento del plazo, el 26 de abril. También señaló que el organismo no ha presentado evidencias de las desafiliaciones.

Ante esta situación, la organización política presentó un recurso de corrección ante el CNE el 30 de abril. Según la normativa, el organismo debía pronunciarse en un plazo de tres días.

Advertencias al CNE

Rojas manifestó que “Merino ha dicho que podría o debería establecerse plazos y analizarse los términos del Código de la Democracia”. En respuesta, advirtió que evalúan presentar una queja por delito de odio, al considerar que el funcionario expresa públicamente animadversión hacia una organización de izquierda.

Finalmente, la dirigente agregó que Atamaint y Merino “hoy están muy valientes porque les protege el Gobierno”. Sostuvo que, en el futuro, deberán rendir cuentas ante la justicia y la ciudadanía, al calificar lo ocurrido como parte de un supuesto fraude electoral.