Reformas al COIP reavivan alertas por criminalizar la crítica en espacios digitales

Los representantes de los periodistas se reunirán este 25 de abril de 2026 para analizar, entre otros temas, las recientes propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuyos textos buscarían penalizar las expresiones en plataformas digitales que sean consideradas como “difamación”.

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La presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (Fenape), Susana Piedra, dijo que esos proyectos y otros temas críticos que enfrentan los comunicadores ecuatorianos serán abordados en la asamblea ordinaria que desarrollará el gremio en Quito.

Piedra señaló que en el encuentro de la organización, que reúne a 23 colegios provinciales de periodistas, se definirá una postura, pues considera que aún hay tiempo para actuar, ya que ambas propuestas todavía no han sido calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La Fenape fue una de las organizaciones que rechazó el anterior intento del oficialismo por penalizar las expresiones críticas, como lo planteó en enero pasado la asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Camila León.

¿Por qué intentan sancionar las expresiones?

María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), dice que llama la atención que el oficialismo insista en tratar de sancionar las opiniones, pese a que la sociedad civil ya rechazó la anterior pretensión de León. Considera que ahora intenta emplear una propuesta del correísmo para penalizar los criterios que no le favorecen. 

“La bancada ADN recicla una idea de RC en un sentido prácticamente idéntico; parecería que ya no es error ni desconocimiento, sino un intento de, como sea, criminalizar la crítica ciudadana en el entorno digital”, observa. 

Para Francisco Rocha, analista político y exdirector de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), la propuesta evidenciaría que el Gobierno “intenta cerrar un círculo” que comenzó con la restricción que impuso la Contraloría para conocer las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. 

“Hay un afán de opacidad. Se está pensando que, a través de la legislación, pueden prohibir, como lo hacen los totalitarios. No están claros en el concepto de democracia, porque son los abusos los que hay que juzgar, no la vida diaria”, opina.

Alertas por convenciones internacionales

Miño recuerda que los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios para el Ecuador y “prohíben categóricamente que se use la vía penal como medio para sancionar expresiones”. 

La constitucionalista cree que, si se busca debatir los límites a la expresión en el entorno digital, “todos los involucrados debemos ser escuchados, para que no se vuelva un intento de imponer censura y mordaza a la crítica legítima en democracia”.