Juicio político a Inés Manzano: defensa afirma que Contraloría no le atribuye irregularidades

El abogado constitucionalista Rafael Oyarte defendió, este martes 14 de julio de 2026, la legitimidad de su intervención en el juicio político contra la exministra de Energía Inés Manzano al sostener que actúa como su representante directo y no como procurador. Explicó que la presencia de la exfuncionaria en la diligencia ratifica y legitima su actuación, por lo que pidió a la Comisión de Fiscalización respetar las normas aprobadas por la propia Asamblea Nacional.

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La defensa cuestiona las pruebas de cargo

El jurista también recordó que la Corte Constitucional ha establecido que, aunque el juicio político tiene un estándar distinto al de los procesos jurisdiccionales, debe garantizar derechos mínimos como la defensa, la producción de pruebas y la contradicción. En ese contexto, afirmó que esas garantías no pueden convertirse en herramientas de arbitrariedad contra la persona acusada.

Esto, porque la bancada de la Revolución Ciudadana cuestionó que la defensa de Inés Manzano (Rafael Oyarte e Ismael Quintana) asumiera un rol protagónico durante el juicio político y sostuvo que la exministra debía ejercer personalmente su derecho a la defensa. Los legisladores argumentaron que, conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el funcionario sometido a un juicio político debe comparecer directamente para responder por su gestión, mientras que los abogados únicamente pueden brindar asistencia técnica, sin sustituir la responsabilidad política del interpelado.

Durante la práctica de la prueba documental, Oyarte objetó que el informe de minoría de la Comisión de Fiscalización sea considerado como prueba de cargo. Argumentó que ese documento solo contiene apreciaciones de sus autores y fue elaborado por uno de los acusadores, por lo que, a su criterio, carece de valor probatorio para sustentar una responsabilidad política.

Respecto al informe de auditoría de la Contraloría General del Estado sobre el contrato con ATM, la defensa aseguró que el documento no menciona a Inés Manzano ni le atribuye observaciones, recomendaciones o responsabilidades. Añadió que las conclusiones del examen especial están dirigidas a otros funcionarios y que, de existir incumplimientos de la exministra, el organismo de control habría iniciado el correspondiente proceso de determinación de responsabilidades.

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Las acciones que, según la defensa, tomó Manzano

La defensa sostuvo además que Manzano asumió el Ministerio de Energía cuando el contrato con ATM ya había sido suscrito y se encontraba en ejecución. Según Quintana, una de sus primeras decisiones fue impulsar un examen especial de la Contraloría sobre esos procesos contractuales y posteriormente promover nuevas acciones de control, cambios de autoridades y denuncias ante la Fiscalía tras conocerse los hallazgos del organismo de control.

Sobre el arbitraje iniciado por la contratista, la defensa afirmó que la exministra no podía disponer la terminación unilateral del contrato debido a las medidas cautelares dictadas dentro de ese proceso. Agregó que el tribunal arbitral archivó la demanda presentada por ATM y levantó esas medidas, por lo que consideró que uno de los principales fundamentos de la acusación perdió sustento y que no existen elementos para atribuir a Manzano un incumplimiento de funciones.