Juicio a Inés Manzano: asambleístas exponen fallas detectadas por Contraloría

Los asambleístas de la Comisión de Fiscalización que impulsan el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, centraron sus intervenciones en las presuntas deficiencias detectadas por la Contraloría General del Estado durante la ejecución del contrato emergente para la central termoeléctrica de Esmeraldas. Los legisladores sostuvieron que las observaciones del organismo de control evidencian incumplimientos en la supervisión, el control y el seguimiento de la contratación.

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Cuestionamientos al control del contrato

El legislador del movimiento Revolución Ciudadana, Blasco Luna afirmó que la responsabilidad política de Manzano se configuró durante el tiempo en que ejerció como máxima autoridad del sector eléctrico, entre octubre de 2024 y abril de 2026. A su criterio, la exministra no activó mecanismos efectivos para prevenir las irregularidades pese a que ya existían alertas sobre la ejecución del contrato y el riesgo para los recursos públicos.

Luna también cuestionó que, según su interpretación, Manzano conocía el informe de la Contraloría desde julio de 2025 y no emprendió acciones inmediatas contra la empresa Austral Technical Management (ATM). Agregó que la falta de decisiones oportunas habría impedido ejecutar el cobro de garantías por alrededor de $ 23 millones y permitió que el contratista continuara con el proyecto pese a los incumplimientos.

Por su parte, el asambleísta Lenín Barreto citó el informe de la Contraloría para señalar presuntas falencias técnicas en la ejecución del contrato. Mencionó la ausencia de cronogramas adecuados, deficiencias en la planificación del personal, falta de planos y diagramas técnicos, así como un control insuficiente sobre los materiales requeridos para la obra.

Barreto también sostuvo que el examen especial identificó que el proyecto avanzó sin contar con todos los permisos de construcción y ambientales requeridos. Según expuso, las observaciones evidencian que no se atendieron oportunamente las advertencias relacionadas con la regularización ambiental y la mitigación de impactos durante la administración de Manzano.

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Generadores y supervisión bajo la lupa

En su intervención, la asambleísta Mónica Palacios aseguró que, según el informe de la Contraloría, los generadores ofertados por ATM eran de 2017, pese a que el proceso de contratación exigía equipos con una antigüedad máxima de cuatro años. Además, afirmó que la empresa no presentó las garantías del fabricante y cuestionó que parte de las verificaciones técnicas se realizara mediante videollamadas, en lugar de inspecciones físicas.

Palacios sostuvo que la responsabilidad política atribuida a la exministra no se relaciona con la firma del contrato, sino con la fase de ejecución, supervisión y control del proyecto. La legisladora afirmó que Manzano ya conocía las presuntas deficiencias técnicas y contractuales, pero, según la acusación, no adoptó las medidas necesarias para proteger los recursos públicos ni garantizar el cumplimiento del contrato.