Comisión de Fiscalización inicia el juicio político contra Inés Manzano: estos son los señalamientos

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició este martes el trámite del juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano. La primera intervención estuvo a cargo de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, quien sustentó la acusación al señalar que la exfuncionaria habría incumplido sus deberes constitucionales de supervisión, control y protección de los recursos públicos durante la ejecución de un contrato emergente para generación eléctrica.

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Los cuestionamientos al contrato con ATM

Palacios sostuvo que el proceso se centra en las actuaciones y omisiones de Manzano cuando ya ejercía la rectoría del sector eléctrico. Según expuso, la exministra no habría adoptado medidas para frenar presuntas irregularidades detectadas en la ejecución del contrato suscrito entre Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa Austral Technical Management (ATM), pese a que existían alertas técnicas, jurídicas e institucionales sobre posibles incumplimientos.

Durante su exposición, la legisladora afirmó que uno de los principales cuestionamientos radica en los desembolsos realizados a favor de la contratista antes de que se verificara el cumplimiento efectivo de las obligaciones pactadas. Indicó que, tras una modificación al esquema de pagos, Celec EP transfirió aproximadamente 71,4 millones de dólares mientras el proyecto acumulaba retrasos y persistían dudas sobre la capacidad técnica y financiera de la empresa.

La proponente del juicio también señaló que, bajo la administración de Manzano, el contrato recibió prórrogas que extendieron su ejecución más allá del plazo originalmente previsto para atender la emergencia eléctrica. A su criterio, esas decisiones permitieron que continuara la ejecución contractual sin que se reforzaran los mecanismos de supervisión, pese a las advertencias que ya circulaban sobre el proceso.

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El informe de la Contraloría como sustento

Como uno de los principales fundamentos de la acusación, Palacios citó el informe de examen especial aprobado por la Contraloría General del Estado, el 14 de julio de 2025. Según explicó, el organismo de control identificó deficiencias en la definición de la necesidad contractual, irregularidades en la selección de la contratista, falencias en las garantías técnicas y una supervisión insuficiente durante la ejecución del contrato.

La legisladora argumentó que el juicio político no busca establecer responsabilidades penales o administrativas, sino determinar si la exministra incumplió las funciones que le asignan la Constitución y la ley. En ese sentido, sostuvo que la máxima autoridad del sector tenía la obligación de corregir las irregularidades detectadas, proteger el patrimonio público y evitar que continuaran los desembolsos mientras persistían las observaciones sobre el contrato.

Con el inicio de la sustanciación, la Comisión de Fiscalización continuará recibiendo las pruebas y los argumentos de las partes involucradas en el proceso. Una vez concluida esta etapa, los integrantes de la mesa legislativa elaborarán un informe con una recomendación para el Pleno de la Asamblea Nacional, instancia que resolverá si continúa el trámite del juicio político contra la exministra Inés Manzano.