Ecuador aprobó una docena de leyes de seguridad desde 2023: ¿han frenado la violencia?

En menos de tres años, del 2023 al 2026, Ecuador ha construido uno de los paquetes normativos de seguridad más amplios de su historia reciente. Leyes contra las mafias, reformas penitenciarias, nuevas normas de inteligencia, disposiciones para el apoyo militar a la Policía, regulaciones sobre armas y mecanismos para enfrentar economías criminales han sido aprobados.

Eso en medio de una crisis de violencia que transformó la realidad del país. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿más leyes significan necesariamente más seguridad?

Desde la llegada de Daniel Noboa a la Presidencia, en noviembre de 2023, la Asamblea Nacional ha aprobado una docena de leyes relacionadas con seguridad y lucha contra el crimen organizado, dentro de una estrategia que busca contener la expansión de las bandas criminales, el narcotráfico y la violencia asociada al conflicto armado interno declarado por el Gobierno.

La más reciente fue la Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, que establece el marco legal para la participación militar en tareas de seguridad interna cuando las capacidades policiales sean superadas. 

La norma busca reducir la dependencia de los estados de excepción, una herramienta utilizada de manera recurrente durante la crisis de seguridad.

Los cuestionamientos a las leyes de seguridad

Sin embargo, la producción legislativa no ha estado exenta de cuestionamientos ni reveses judiciales. Dos de los proyectos emblemáticos impulsados por el Ejecutivo terminaron bajo la lupa de la Corte Constitucional.

La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada por la Asamblea como proyecto económico urgente, buscaba establecer medidas para enfrentar el conflicto armado interno, fortalecer a las fuerzas de seguridad y regular mecanismos de apoyo estatal. 

Posteriormente, el presidente Noboa expidió su reglamento mediante el Decreto Ejecutivo N.º 54, el 15 de julio de 2025. 

Ese reglamento detallaba aspectos como el reconocimiento del conflicto armado interno, la identificación de grupos armados organizados, la conformación del denominado Bloque de Seguridad, los procedimientos para donaciones destinadas a policías y militares y los mecanismos de indulto para miembros de la fuerza pública.

Pero la Corte Constitucional determinó que la norma incluyó materias económicas, penales y de seguridad bajo un procedimiento legislativo reservado para asuntos económicos urgentes. En la sentencia 51-25-IN/25 declaró la inconstitucionalidad de la ley.

Sobre la Ley de Integridad Pública

Un escenario similar ocurrió con la Ley de Integridad Pública. La Corte anuló la normativa al considerar que vulneró principios de unidad de materia, publicidad y deliberación democrática. La ley incorporaba reformas sobre contratación pública, evaluación de servidores, incremento de penas por prevaricato y modificaciones al régimen sancionatorio para adolescentes infractores.

Las decisiones judiciales reabrieron un debate sobre los límites jurídicos de la estrategia legislativa impulsada para enfrentar la violencia.

Para Gabriel Pérez, especialista en seguridad, muchas de las reformas surgen como respuesta a necesidades inmediatas derivadas de la crisis criminal que atraviesa el país. 

“La intervención es relevante en la medida en que surgen situaciones urgentes que requieren atención inmediata. Lamentablemente, la urgencia suele consumir gran parte de la energía, el tiempo y los esfuerzos en la gestión de la seguridad”, señala.

A su criterio, el principal desafío consiste en evitar que las respuestas coyunturales terminen desplazando la construcción de una política sostenida. 

“El verdadero desafío es que, frente a estas urgencias, también se debe trabajar en una solución más estratégica y de largo plazo”.

Otra de las apuestas legislativas del Gobierno ha sido fortalecer los sistemas de inteligencia. El coronel en servicio pasivo Marcelo Flores, con experiencia en inteligencia militar, considera que el concepto ha evolucionado significativamente en los últimos años.

“Cada institución tiene su sistema de búsqueda de información más que de espionaje. Inteligencia es un término que emplearon los militares, pero ahora todo el mundo busca inteligencia: emocional, artificial, de todo tipo”.

Según Flores, la naturaleza del combate contra organizaciones criminales exige una capacidad de análisis permanente. 

“La inteligencia trabaja en base a un ciclo constante. Está en guerra las 24 horas, los 365 días del año. Usted vive de lo que pase este minuto, este segundo. No se puede planificar para el próximo año”.

La afirmación refleja una realidad operativa: las estructuras criminales mutan rápidamente, diversifican actividades y aprovechan vacíos institucionales para adaptarse a los cambios normativos.

¿A la fuerza pública le faltan herramientas?

Para otros especialistas, el problema no radica necesariamente en la falta de herramientas jurídicas. Jean Paul Pinto, experto en seguridad y prospectiva, sostiene que Ecuador ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en la aprobación de leyes y en una estrategia basada en la militarización.

“El problema es que no pasa por las leyes. Hay demasiadas de ellas en Ecuador, demasiados convenios firmados en materia de seguridad”.

Pinto considera que el país mantiene una visión centrada en el endurecimiento de la respuesta estatal sin abordar los factores estructurales que alimentan el crecimiento de las organizaciones criminales. 

“No importa cuántas leyes saquemos y aprobemos, las estructuras criminales siguen más fuertes que nunca”, afirma.

Vemos un populismo de legalidad: lo que pide el pueblo se aprueba, sin analizar si tiene impacto o noJean Paúl Pinto/ experto en seguridad

Para el analista, los niveles de violencia reflejan que las organizaciones delictivas conservan capacidad de expansión, financiamiento y reclutamiento, pese a la ofensiva estatal desplegada desde 2024.

Además, cuestiona lo que denomina un “populismo legal”, donde la presión social por respuestas inmediatas puede impulsar reformas cuyo impacto real aún es incierto.