Comisión de la Asamblea aprueba hoja de ruta para fiscalizar patrimonios de autoridades de los GAD

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional conoció, el 3 de septiembre, la hoja de ruta para fiscalizar los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas. El proceso fue dispuesto por el Pleno de la Asamblea, el 23 de junio.

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Fiscalización abarcará a alcaldes y prefectos

De acuerdo con la planificación expuesta por el asesor jurídico de la Comisión, Diego Flores, el proceso contempla varias etapas para determinar qué autoridades habrían registrado incrementos patrimoniales que no podrían ser justificados con sus ingresos. La fiscalización abarcará a los 224 alcaldes y 23 prefectos, con información que será solicitada y contrastada con entidades como la Contraloría, el SRI, la Superintendencia de Compañías y registradores de la propiedad.

La hoja de ruta establece como primer paso, las comparecencias de las autoridades de la Contraloría General del Estado (CGE), Servicio de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de Compañías (SuperCías). El siguiente paso será el pedido de información complementaria a las instituciones involucradas: al SRI, CGE, SuperCías y Unidad de Análisis Financiero y Económico. Según el cronograma, estas actividades se ejecutarían el 3 de septiembre.

Posteriormente, el equipo técnico cruzará y constatará los datos, con información que ya ha recopilado la Comisión de Seguridad y con la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, para identificar a los gobiernos autónomos descentralizados cuyos patrimonios presenten incrementos que requieran una revisión. Esto se realizará el 7 de septiembre.

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Comisión prevé un sistema de alertas

Además, la Comisión prevé elaborar un análisis técnico-jurídico y una matriz para organizar los casos identificados, que incluiría un sistema de alertas en rojo, amarillo y verde. Esta actividad está prevista para el 9 de septiembre.

Por otro lado, el asesor jurídico señaló que las fechas planteadas en la hoja de ruta son tentativas y podrán ser modificadas por decisión de los miembros de la Comisión. La planificación contempla elaborar un informe borrador hasta el 15 de septiembre.

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Sesión fue declarada reservada

Sin embargo, antes de avanzar con la comparecencia de la Contraloría, la Comisión resolvió declarar reservada la sesión debido a que la información remitida por esa entidad fue calificada como reservada. La decisión se sustentó en el artículo 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 38 del Reglamento de las comisiones, que permiten declarar la reserva con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes.

La moción fue presentada por el asambleísta Milton Aguas, quien sostuvo que la reserva permitiría a los legisladores revisar la información y formular sus preguntas sobre el proceso de fiscalización. Xavier Lasso cuestionó la medida y planteó dudas sobre si el caso correspondía a una situación de seguridad nacional, además de solicitar conocer si la información disponible había sido entregada a todos los gobiernos autónomos involucrados.

Finalmente, la declaratoria de reserva fue aprobada con seis votos a favor, tres en contra y un voto en blanco, sin abstenciones. Votaron a favor Cristian Benavides, Jennifer Guillén, Milton Aguas, Samuel Celleri, Walter López y Carlos Vargas; en contra lo hicieron Sandra Figueroa, Patricia Núñez y Xavier Lasso, mientras que Camila Encalada votó en blanco.

Tras la decisión, se suspendió la transmisión pública de la sesión y se dispuso que únicamente los miembros de la Comisión tengan acceso a la información reservada, previa solicitud a la Secretaría y bajo mecanismos de control. También se estableció la suscripción de acuerdos de confidencialidad y se advirtió que el incumplimiento de las obligaciones de reserva podría generar las medidas legales correspondientes.

A la sesión asistió Gabriela Cecilia Sulca Córdova, subcontralora de Auditoría de la Contraloría General del Estado. La funcionaria explicaría, durante la reunión reservada, la información recabada por la entidad y las razones para mantenerla bajo reserva.