¿Cómo se audita el patrimonio de los presidentes en Latinoamérica?

Un presidente puede llegar al poder con millones, con una empresa familiar o con un patrimonio modesto; sin embargo, la pregunta no es cuánto tiene al asumir el cargo, sino qué ocurre con sus bienes mientras gobierna. En Latinoamérica existen distintas fórmulas para seguir ese rastro —desde declaraciones patrimoniales y controles de organismos públicos hasta fideicomisos ciegos—, aunque no todos los países de la región ofrecen a sus ciudadanos el mismo nivel de acceso para conocer cómo evoluciona la situación económica de sus mandatarios.

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¿Qué se revisa?

En términos generales, los mandatarios deben informar sobre su patrimonio al asumir el cargo, durante la gestión y al finalizarla, aunque los momentos y alcances varían según cada legislación. Ivonne Téllez, especialista colombiana en Derecho Internacional y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, explica que una auditoría implica contrastar activos, pasivos, ingresos, participaciones empresariales y posibles conflictos de interés. Además, revisar cómo cambia la situación económica del mandatario desde que asume hasta que deja el cargo.

No obstante, declarar el patrimonio no significa necesariamente que este haya sido auditado. Téllez señala que el proceso, en varios de los países de la región, tiene varios niveles: la declaración y su publicidad, la verificación formal por parte de los organismos de control y, cuando corresponde, las investigaciones y sanciones derivadas de posibles irregularidades.

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Modelos regionales

La experta en Derecho Internacional expone que Colombia es uno de los países que destaca por el acceso ciudadano a esta información, mediante el ‘Aplicativo por la Integridad Pública’, administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Allí se registran bienes y rentas, conflictos de interés e información tributaria de los funcionarios obligados, y la ciudadanía, los medios de comunicación y los organismos de control pueden realizar consultas.

Argentina también mantiene un esquema de amplia publicidad a través de la Oficina Anticorrupción, que permite consultar las declaraciones juradas patrimoniales integrales y pública, en formatos abiertos, correspondientes a funcionarios del Poder Ejecutivo. Brasil, en cambio, utiliza el sistema electrónico de información patrimonial y de conflictos de intereses de la Contraloría General de la Unión, conocido como e-Patri, mediante el cual los funcionarios federales presentan sus declaraciones.

Chile incorpora un mecanismo adicional para prevenir conflictos entre los intereses económicos de sus autoridades y las decisiones que toman desde el poder. La Ley 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, establece que quienes posean determinados activos financieros por encima de 25.000 Unidades de Fomento —una unidad de valor que se reajusta con la inflación— deben someterlos a un mandato especial de administración, conocido como fideicomiso ciego, o enajenarlos, según corresponda; así, la autoridad mantiene la propiedad, pero pierde la administración y la capacidad de intervenir en esas inversiones.

Ese modelo ha sido utilizado en varios casos presidenciales como el de Sebastián Piñera y, más recientemente, José Antonio Kast, quien solicitó estructurar un fideicomiso ciego antes de asumir la Presidencia. Eso, debido a que su patrimonio incluía diversas inversiones.

Para Téllez, la existencia de más mecanismos de control fortalece la democracia, siempre que los organismos encargados de aplicarlos mantengan independencia frente al Ejecutivo. A su juicio, no se trata de limitar a quien llega al poder, sino de establecer condiciones que permitan verificar durante el mandato con qué patrimonio ingresa un presidente, cómo evoluciona y si sus intereses económicos pueden incidir en sus decisiones.

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El caso ecuatoriano

En Ecuador, la Contraloría General del Estado recibe y examina las declaraciones patrimoniales juradas de los servidores públicos, incluido el presidente de la República. Estas deben presentarse al iniciar y finalizar la gestión, así como con la periodicidad que establece la ley.

Sin embargo, el acceso a las declaraciones patrimoniales del presidente Daniel Noboa en el portal digital de la entidad ha sido bloqueado y restringido al público. Esto ocurre pese a que el artículo 231 de la Constitución establece que las servidoras y servidores públicos, sin excepción, deben presentar una declaración patrimonial que incluya activos y pasivos.

En este contexto, expresa la académica, la restricción del acceso público a la información patrimonial en Ecuador opaca la transparencia y reduce la capacidad de la ciudadanía para ejercer control sobre quienes gobiernan. Téllez advierte que la transparencia no demuestra por sí sola la honestidad de un funcionario, pero la opacidad impide comprobarla y dificulta determinar si el ejercicio del poder está siendo utilizado para un interés público o para un eventual beneficio privado.