Censo 2022: Contraloría identifica responsabilidades administrativas y civiles

Las inconsistencias detectadas en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2022 continúan bajo análisis de los organismos de control. El contralor general del Estado, Mauricio Torres, aseguró que la entidad ha ejecutado una serie de exámenes especiales que han permitido identificar observaciones y posibles responsabilidades relacionadas con la ejecución de este proceso estadístico nacional.

Durante una entrevista, Torres explicó que desde 2023 la Contraloría ha realizado diez exámenes de control a distintos componentes vinculados con el censo desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Las auditorías han abarcado áreas como comunicación, contratación de bienes y servicios y gestión del talento humano.

Diez auditorías ejecutadas desde 2023

Según el titular de la Contraloría, los procesos de control no se han limitado a una sola área, sino que han revisado diversos aspectos operativos y administrativos relacionados con la planificación y ejecución del censo.

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Torres señaló que actualmente se desarrolla una revisión específica sobre la legalidad de los procedimientos vinculados al transporte del personal que participó en el levantamiento de información censal.

El funcionario indicó que los exámenes efectuados hasta ahora han permitido establecer observaciones que derivaron en responsabilidades administrativas y civiles, aunque no detalló el número de funcionarios involucrados ni el alcance económico de los hallazgos.

Preocupación por el impacto de las cifras censales

Las declaraciones surgen en medio del debate generado por las inconsistencias identificadas en los datos del Censo 2022 y por las posibles consecuencias que estas podrían haber tenido en decisiones estatales adoptadas con base en esas estadísticas.

Las cifras censales constituyen un insumo clave para la definición de políticas públicas, la asignación de recursos a gobiernos locales y la planificación de programas estatales, por lo que cualquier diferencia o error en la información puede tener repercusiones en distintos ámbitos de la gestión pública.

Aunque Torres no precisó si las auditorías determinaron una incidencia directa de las inconsistencias en decisiones gubernamentales, sostuvo que el trabajo de la Contraloría se concentra en verificar el cumplimiento de la normativa, los procedimientos administrativos y el uso de recursos públicos.

Más controles en organismos del Estado

Durante la entrevista, el contralor también hizo referencia a exámenes realizados en otras instituciones, entre ellas el Consejo Nacional Electoral (CNE). Indicó que algunas investigaciones derivaron en la identificación de indicios de responsabilidad penal que fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para su análisis.

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Como ejemplo mencionó observaciones relacionadas con procesos de voto electrónico, sobre los cuales se detectaron problemas que motivaron acciones de control por parte del organismo.

Torres enfatizó que la labor de la Contraloría consiste en realizar evaluaciones técnicas y determinar posibles responsabilidades cuando se detectan irregularidades en la gestión pública.