"Por ser negros nos vuelven sospechosos": las denuncias de jóvenes afro contra operativos

La mañana apenas comenzaba en la isla Trinitaria, uno de los sectores más poblados del sur de Guayaquil. Afuera de la sede de la Fundación Nia Kali, un grupo de adolescentes desayunaban antes de participar en una actividad comunitaria. Minutos después, según recuerdan quienes estuvieron allí, más de una veintena de policías en motocicletas rodearon el lugar.

Lo que ocurrió después forma parte de una serie de testimonios que hoy alimentan una discusión cada vez más visible dentro y fuera del Ecuador: si las políticas de seguridad implementadas para enfrentar la violencia criminal están derivando en prácticas de perfilamiento racial contra jóvenes afrodescendientes, o si se trata de intervenciones propias de una estrategia estatal desplegada en zonas consideradas de alto riesgo.

Las denuncias llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La controversia alcanzó recientemente una dimensión internacional. Organizaciones de derechos humanos acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar presuntos casos de racismo estructural y perfilamiento racial en Ecuador, vinculados a operativos policiales y militares ejecutados durante los estados de excepción y el proceso de militarización impulsado para combatir al crimen organizado.

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Inés María Santos Caicedo, vicepresidenta de la Fundación Nia Kali y lideresa afroecuatoriana, asegura que la preocupación principal no es la presencia de controles de seguridad, sino los criterios que, según sostiene, suelen utilizarse durante ciertas intervenciones.

“Hay una situación de inseguridad y nadie la niega. Lo que cuestionamos es que muchos jóvenes sienten que por ser negros se convierten automáticamente en sospechosos”, explica.

La fundación trabaja con adolescentes y jóvenes en programas de liderazgo, arte, cultura y derechos humanos. Santos relata que varios de ellos han vivido controles que consideran desproporcionados.

Testimonios de adolescentes y jóvenes afrodescendientes

En uno de los casos, un adolescente fue separado del grupo durante una reunión comunitaria. Según el testimonio de la lideresa, el joven fue empujado contra una pared, sometido a una revisión corporal y golpeado, mientras otros uniformados impedían que adultos observaran el procedimiento. La situación se detuvo únicamente cuando miembros de la organización anunciaron que presentarían una denuncia ante organismos de derechos humanos.

Pero ese no fue el único episodio. Santos recuerda a otro estudiante que regresaba del colegio con uniforme. Mientras caminaba hacia su vivienda se encontró con un operativo policial. Según su relato, fue obligado a lanzarse al suelo, mientras los agentes lo acusaban de participar en un robo.

“Les decía que venía del colegio y que podían verificarlo. Aun así, lo golpearon antes de comprobar quién era”, asegura.

El caso de Bryan durante un operativo policial y militar

Para efectos de protección, este reportaje identifica como Bryan a un joven afrodescendiente de 19 años que accedió a narrar una experiencia ocurrida durante un operativo conjunto entre policías y militares en el sur de Guayaquil en 2025.

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Bryan recuerda que regresaba de su trabajo cuando fue detenido junto a otros jóvenes. “Nos hicieron acostarnos boca abajo. Nos preguntaban de qué banda éramos. Yo les decía que trabajaba en una mecánica”.

Según su versión, recibió golpes en las piernas y la espalda antes de que los agentes revisaran sus documentos. “No encontraron nada y me dejaron ir. Nunca me explicaron por qué me detuvieron”.

No existe una sentencia judicial que determine responsabilidades en este caso. Sin embargo, organizaciones afroecuatorianas denuncian que experiencias similares aparecen repetidamente en diferentes sectores populares del país.

Organizaciones piden monitoreo internacional

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), junto con activistas y organizaciones como Mujeres de Asfalto, presentó información ante la CIDH durante su 196.º período de sesiones.

La audiencia incluyó testimonios relacionados con presuntos casos de perfilamiento racial, uso desproporcionado de la fuerza y afectaciones derivadas de la militarización de territorios afrodescendientes. Las organizaciones solicitaron mecanismos de monitoreo internacional y medidas orientadas a prevenir nuevas vulneraciones.

Uno de los testimonios expuestos fue el de Jimmy Ocles, activista afroecuatoriano que denunció haber sido perseguido, golpeado y sometido por policías en Quito en 2021. Durante la audiencia afirmó que su caso refleja problemas de acceso a la justicia para las víctimas de discriminación racial.

Las Fuerzas Armadas rechazan que exista una política basada en criterios raciales

Oficiales activos de las Fuerzas Armadas, que solicitaron la reserva de su identidad, rechazan que exista una política institucional basada en criterios raciales.

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Uno de ellos menciona que los operativos se planifican con información de inteligencia relacionada con estructuras criminales y zonas de alta conflictividad.

“Casi todas las operaciones militares que realizamos son por información de inteligencia militar. Posiblemente alguna persona afro se vio afectada, pero no existe racismo durante las operaciones. Como le decía, nos manejamos con información de inteligencia”.

Otro oficial reconoce que en cualquier institución pueden existir actuaciones inadecuadas o excesos individuales, pero sostiene que esos casos deben investigarse de manera particular y no interpretarse automáticamente como evidencia de una política sistemática.

“No basta con la percepción, ni tampoco con la negación automática. Lo que corresponde es investigar cada denuncia y establecer responsabilidades cuando existan pruebas”, argumenta.